
La ministra de Justicia Ángela María Buitrago reconoció la existencia de múltiples fallas en los protocolos de búsqueda y protección en el caso de Sofía Delgado, una niña de 12 años de edad, de Candelaria, Valle del Cauca, cuyo feminicidio ha conmocionado al país.
Según declaraciones de la ministra, todos los mecanismos de prevención fallaron, lo que impidió localizar a la menor a tiempo, a pesar de las alertas tempranas que se activaron desde su desaparición el 29 de septiembre en el corregimiento de Villagorgona.
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“Todos los mecanismos fallaron, todos”, dijo la ministra, y agregó: “¿Qué ha podido fallar desde ese punto de vista? Todo. Y pudo fallar porque no hubo contención a tiempo, pero también, digamos, desde ese contexto el tema particular es que los jueces solamente pueden fallar con las pruebas que hay”.
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En una rueda de prensa, la jefe de la cartera de Justicia enfatizó en la necesidad de reevaluar los procedimientos establecidos hace más de 20 años para la protección de menores, y destacó la importancia de la cooperación entre las autoridades y la sociedad.
“Todos somos corresponsables de la protección de niños, niñas y adolescentes”, afirmó, resaltando que la responsabilidad no recae únicamente en el Estado, sino también en la comunidad.
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“Hay una corresponsabilidad, no solamente porque el gobierno lo diga, sino porque esa corresponsabilidad significa entender también que todos somos corresponsables de la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, significa que todos tenemos una responsabilidad de protección de nuestros niños. Eso no quiere decir que se quiten las responsabilidades oficiales, se deben activar los mecanismos correspondientes”, afirmó Buitrago.
La ministra también se refirió a la reforma judicial que propone la rebaja de penas para quienes cometen delitos contra menores, un tema que ha generado controversia en medio de las noticias sobre el caso de Sofía Delgado. Buitrago explicó que la reducción de penas estaría condicionada a la aceptación de cargos, con una pena mínima de 14 años, con el objetivo de evitar la impunidad en casos donde las pruebas son insuficientes para condenar.
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Además, Buitrago mencionó el fortalecimiento de mecanismos de control para prevenir la explotación sexual de menores, destacando la colaboración de sectores como hoteleros y taxistas, quienes han alertado a las autoridades sobre movimientos sospechosos. Sin embargo, lamentó que en el caso de Sofía Delgado, las acciones no fueron suficientes para evitar el trágico desenlace.
Así mismo, puso el ejemplo de lo sucedido con Yuliana Samboní el 4 de diciembre de 2016. “Desafortunadamente, como en el caso de Yuliana Samboní, igual que todo lo que ha sucedido con niños, niñas y adolescentes implica que hay que revaluar y replantear. No estamos diciendo que actuaron bien o mal, sino que algo pasó y no llegamos efectivamente”, precisó.
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El caso de Sofía Delgado ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar los sistemas de alerta y respuesta ante desapariciones de menores. La ministra Buitrago hizo un llamado a las autoridades para que avancen rápidamente en la investigación y sanción del presunto responsable, Brayan Campo.
Finalmente, Buitrago destacó la importancia de iniciar las investigaciones de manera inmediata tras una denuncia, como parte de los principios de prevención general y especial del sistema penal. La ministra concluyó que es crucial activar los mecanismos correspondientes para atender los casos denunciados y garantizar la seguridad de los menores de edad en el país.
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Rebaja de penas para delitos contra menores genera polémica: ministra de Justicia defiende reforma

En medio de una creciente indignación social, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió la inclusión de una rebaja de penas para delitos contra menores en la reforma a la justicia. Esta medida, según explicó Buitrago, no generará impunidad, sino que busca asegurar que los responsables asuman su responsabilidad judicial sin reducir las sanciones mínimas establecidas, que son de 14 años de prisión.
La ministra resaltó que el objetivo principal de esta reforma es evitar que los delitos contra menores queden impunes. Según datos del observatorio, el 53% de los casos de abuso contra menores ocurre en entornos familiares, mientras que el 27% involucra a personas cercanas a las familias. Estas cifras, proporcionadas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, muestran un preocupante aumento en los casos que no llegan a ser sancionados, lo que refuerza la necesidad de una legislación efectiva.
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Buitrago aclaró que la rebaja de penas está diseñada para aquellos que acepten cargos, pero sin disminuir el tiempo mínimo de cárcel que deben cumplir. “Lo único que se busca con esta medida es que quienes acepten cargos tengan una rebaja, pero sin disminuir el tiempo mínimo de cárcel que deben cumplir”, afirmó la ministra.
El anuncio de esta reforma se produce tras el reciente caso de feminicidio de Sofía Delgado, una menor de 12 años, por parte de Brayan Campo, quien ya ha sido capturado y será procesado por estos delitos. Este caso ha sido utilizado por la ministra para ilustrar la necesidad de sancionar severamente estos crímenes y acelerar los procesos judiciales sin comprometer la justicia.
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Buitrago enfatizó que la ley no otorgará beneficios a quienes cometan estos delitos, pero se busca que los procesos judiciales se resuelvan con mayor agilidad. “La ley no otorgará beneficios a quienes cometan estos delitos, pero se busca que los procesos judiciales se resuelvan con mayor agilidad, sin que ello implique impunidad”, aseguró.
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