Manuel Octavio Bermúdez, conocido como el ‘Monstruo de los Cañaduzales’, fue una de las víctimas mortales del ataque armado ocurrido el 17 de octubre en el departamento del Cauca, Colombia.
Bermúdez, quien cumplía condena por el abuso y asesinato de al menos treinta menores, murió junto a dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) durante una emboscada, atribuida a disidencias de las Farc, contra el vehículo en el que se desplazaban. El ataque ocurrió en la vía Panamericana, en el sector de Pescador, entre Popayán y Cali.
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Bermúdez, cuyo caso ha sido comparado con el de Luis Alfredo Garavito, fue capturado en 2003 y era reconocido por acercarse a sus víctimas haciéndose pasar por vendedor de helados en los cañaduzales del Valle del Cauca.
Según El Tiempo, Bermúdez estaba recluido en el centro penitenciario La Tramacúa en Valledupar, y hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre las razones de su traslado a Popayán.
El incidente ha generado una profunda preocupación sobre la seguridad en la región y la protección de los funcionarios del Inpec. A raíz de los hechos, Antonio Useche, asesor de paz de la Gobernación del Cauca, condenó enérgicamente el ataque e instó a las fuerzas de seguridad a utilizar todos sus recursos para proteger la vía Panamericana.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y calificó el ataque como una pérdida de vidas mientras cumplían su deber.
En respuesta, el Inpec emitió un comunicado condenando el asesinato de sus funcionarios y reclusos, solicitando mayores medidas de protección para quienes trabajan en la seguridad penitenciaria.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, condenó enérgicamente el ataque armado ocurrido en el sector de Pescador, en la carretera Panamericana del departamento del Cauca, que resultó en la muerte de dos funcionarios del Inpec y un privado de la libertad.
“Rechazamos y lamentamos profundamente el vil atentado ocurrido esta tarde, donde murieron dos funcionarios de los grupos especiales del INPEC y un privado de la libertad que estaba siendo trasladado desde Popayán a Palmira”, declaró la ministra.
Además, el informe oficial indica que “hay otras seis personas heridas en valoración médica, tres de ellas funcionarias del Inpec y otras tres privadas de la libertad que están siendo trasladadas para garantizarles atención especializada”.
El ataque ha llevado a una reunión entre la ministra de Justicia, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, y el director del Uspec, Ludwing Joel Valero, para revisar y reforzar las medidas de seguridad en los desplazamientos de funcionarios y reclusos.
Además, la Asociación Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano ha exigido el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad en las rutas de traslado, señalando que el orden público en Cauca está en su punto más crítico.
Óscar Robayo, representante del sindicato del Inpec, ha denunciado un preocupante aumento en los ataques contra los guardianes de esta entidad en Colombia. Según Robayo, en lo que va del año, 17 guardianes han sido asesinados y se han registrado varios atentados más, lo que refleja una creciente ola de violencia contra el personal penitenciario.
Quién era Manuel Octavio Bermúdez
Bermúdez, originario de Trujillo, Valle del Cauca, fue capturado en 2003 tras una serie de crímenes que conmocionaron a la región. Su modus operandi consistía en atraer a niños con su oficio de heladero, aprovechando su cojera para pedirles ayuda en la búsqueda de terneras supuestamente perdidas.
Posteriormente, los menores eran abusados y asesinados, y sus cuerpos abandonados en los cañaduzales del Valle del Cauca.
Durante la investigación, las autoridades encontraron en su vivienda fotografías y ropa interior de las víctimas, así como recortes de periódicos que documentaban sus crímenes, un comportamiento similar al de Luis Alfredo Garavito, otro conocido asesino en serie colombiano. Bermúdez fue responsable de la desaparición de al menos 11 menores en Palmira en 2002, todos entre 9 y 13 años.
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