El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos en su contra y en contra del presidente de Ecopetrol y ex gerente de campaña, Ricardo Roa, por la presunta violación de topes de financiación en su campaña de 2022. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz son los responsables de la ponencia aprobada por el CNE.
De acuerdo con los hallazgos de la autoridad electoral, el primer mandatario habría superado los topes en $5.355 millones entre la primera y la segunda vuelta. Sin embargo, desde que se supo de la existencia de la ponencia, el jefe de Estado la criticó, argumentando que el CNE no tiene la competencia para investigar un presidente de la República. Esto a pesar de que el Consejo de Estado emitió un concepto en el que avala al Consejo para hacer indagaciones sobre su campaña y determinar sanciones administrativas.
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Desde entonces, aseguró que se estaría buscando sacarlo del poder antes de 2026 y, ahora que el Consejo Nacional Electoral acogió la ponencia, afirmó que la estrategia ya está en marcha. “Ha comenzado el golpe de Estado”, aseveró el jefe de Estado en X.
En el canal de WhatsApp, Gustavo Petro reiteró que se dio inicio al plan para terminar con su mandato antes de tiempo y argumentó, nuevamente, que el CNE no puede investigarlo. Por ende, la democracia y el fuero del que goza como dirigente del país, desde su punto de vista, fueron vulnerados.
“El CNE nunca puede, ni tiene la facultad para investigar al Presidente de la República. Este es el inicio del Golpe de Estado. Se ha violado el fuero integral presidencial y roto el Estado de derecho y el respeto al voto popular y a la democracia”, escribió.
Los hallazgos en la campaña Petro presidente
De la totalidad del dinero que habría ingresado a la campaña sin ser debidamente reportado, $3.709.361.342 corresponden a la primera vuelta, mientras que 1.646.386.777, a la segunda. Los aportes habrían sido entregados por entidades cercanas al proyecto político del primer mandatario, entre ellas, la Federación Nacional de Educadores (Fecode), que donó $500 millones.
Sin embargo, los recursos brindados por Fecode han generado controversia porque habrían llegado a la Colombia Humana y no directamente a la campaña del primer mandatario. No obstante, teniendo en cuenta que el dinero fue utilizado para el pago de vigilancia electoral (llevada a cabo después de los comicios), se cree que podría ser un gasto de campaña.
De igual manera, hay una donación del Polo Democrático de otros $500 millones que no aparecen y hay gastos que no fueron justificados, como el de testigos electorales, por $931 millones, y el de propaganda electoral, por $356 millones. La Unión Sindical Obrera (USO) también aportó $121 millones en primera vuelta y otros $379 millones en la segunda, que no están reportados.
¿El CNE puede investigar al presidente de la República?
De acuerdo con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el CNE es la autoridad competente para investigar, desde el campo administrativo, las presuntas irregularidades que se relacionen con el régimen de financiación de campañas de la Coalición Pacto Histórico, en las que Gustavo Petro fungió como candidato y por las que llegó a la Presidencia.
De igual manera, está avalado para determinar las sanciones correspondientes al caso. “El Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña a la Presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política”, precisó el Consejo de Estado en el concepto.
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