La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó la comparecencia de Sergio Manuel Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, tras revelaciones realizadas por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, exlíder del Clan del Golfo, en las que señaló la posible relación entre contratos de la institución y la Gobernación de Casanare, presuntamente destinados a favorecer a grupos paramilitares.
Las declaraciones de Otoniel forman parte de los casos 03 y 06 que la JEP adelanta para esclarecer los nexos entre actores públicos y grupos armados ilegales en Colombia, en la etapa procesal de verdad y reparación a las víctimas.
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En el auto emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, los magistrados Gustavo Salazar Arbeláez y Alejandro Ramelli Arteaga solicitaron la práctica de un testimonio reservado.
El documento, que tiene carácter confidencial, revela que durante las diligencias llevadas a cabo en marzo y abril de 2022, alias Otoniel entregó información que involucraría a diversas personas, empresas e instituciones en actos de corrupción y actividades ilegales relacionadas con la organización criminal.
El capo mencionó a un total de 63 personas, cuyos nombres aparecen en los documentos entregados a la JEP, según consta en el expediente. Uno de estos documentos contiene una lista detallada de contratos, con sus respectivos valores, firmados entre varias entidades y actores privados. Entre ellos, destaca la Universidad de Cartagena, bajo la representación legal de Sergio Manuel Hernández Gamarra, en un contrato con la Gobernación de Casanare.
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En dicho contrato, cuya resolución unilateral fue emitida en 2004, se menciona al entonces gobernador Miguel Ángel Pérez Suárez como el suscriptor del acuerdo por parte de la Gobernación, para acordar la supuesta construcción de un hospital, cuyos fondos habían terminado en poder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“En este sentido, atendiendo el hecho de que la Universidad de Cartagena fue mencionada como una institución con posibles nexos con las AUC a través de la celebración de un contrato con la Gobernación del Casanare y sobre lo cual, la Universidad manifestó que estos hechos atienden la responsabilidad personal de funcionarios de la época”, se lee en el auto proferido por la JEP en la que cita al exrector de la Universidad de Cartagena.
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Antecedentes de irregularidades contractuales
En noviembre de 2002, el entonces gobernador de Casanare, William Hernán Pérez, y Sergio Manuel Hernández Gamarra suscribieron un contrato interadministrativo en el cual la Universidad se comprometía a ejecutar labores de interventoría técnica, administrativa y financiera en varios proyectos del plan de desarrollo del departamento. Estos proyectos incluían la “construcción de alcantarillado de aguas lluvias en los municipios de Yopal y Monterrey, construcción de acueductos en los municipios de Paz de Ariporo y Maní, y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Villanueva”.
El valor del contrato se fijó inicialmente en $2.635 millones, pero, tras varias adiciones, terminó en más de $6.300 millones. En diciembre de 2002, se firmó otro contrato que originalmente era por $23.000 millones, pero que finalmente alcanzó los $121.000 millones, comprometiendo a la universidad en la gestión de recursos para diversas obras de infraestructura.
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La situación se complicó en agosto de 2003, cuando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) evidenció que la Universidad de Cartagena no contaba con la infraestructura necesaria para cumplir con los contratos, los cuales presentaban significativos sobrecostos.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia señaló que la universidad carecía de la capacidad administrativa, económica, técnica y logística para llevar a cabo los proyectos, lo que llevó al rector a suscribir un contrato de consultoría con la Sociedad de Servicios de Ingeniería Limitada (SDI) por $1.000 millones.
La Corte también indicó que la contratación directa realizada por la Universidad de Cartagena era “abiertamente ilegal”, pues las actividades a cumplir no tenían relación con su objeto institucional. Se destacó que la Universidad actuó como intermediaria en una triangulación ilícita, burlando el régimen contractual previsto en la Ley 80 de 1993.
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Como resultado de estas irregularidades, Hernández Gamarra fue sancionado con una milta de $834 millones por los perjuicios causados al departamento de Casanare. Además, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena a 15 años de prisión contra el exrector por delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
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