Una de las primeras demandas contra el Proyecto de Ley No. 309, que busca prohibir las corridas de toros y otros eventos taurinos en Colombia, está en trámite ante la Corte Constitucional.
El proyecto fue aprobado en el Senado en su cuarto y último debate en mayo y ha sido objeto de controversias desde entonces. Este proyecto prohíbe en todo el país actividades como corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, tientas, encierros y suelta de vaquillas, tanto en espacios públicos como privados.
La demanda fue presentada recientemente por un grupo de defensores de la tauromaquia, quienes consideran que la norma presenta vicios de trámite en su paso por el Congreso. Además, argumentan que la ley vulnera varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, la libertad de empresa y el libre desarrollo de la personalidad.
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“Esta es la primera demanda, pero esperamos que se presenten más ante la Corte”, afirmó Juan Carlos Gómez, representante de Cormanizales, en una entrevista con la emisora colombiana Caracol Radio.
Los opositores a la prohibición también han señalado que la ley no ofrece claridad sobre la viabilidad financiera de la prohibición, ni sobre cómo se apoyará económicamente a las personas que dependen de la tauromaquia para subsistir. Consideran que el proyecto no contempla medidas adecuadas para mitigar el impacto en aquellos que trabajan en esta industria, desde toreros hasta personal de apoyo y organizadores de eventos.
La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre el tema de las corridas de toros. En un fallo emitido a finales de 2023, relacionado con la temporada taurina de Manizales, que se celebra anualmente en enero como parte de la Feria de la ciudad, la Corte reconoció la importancia cultural y popular de estos eventos para los habitantes de la región.
Sin embargo, con este nuevo proyecto de ley, se pone en tela de juicio el futuro de estas tradiciones, lo que ha generado un amplio debate entre defensores de los derechos de los animales y los seguidores de la tauromaquia.
La demanda actual también aborda el hecho de que el proyecto de ley no tuvo un debate adecuado en el Congreso, lo que habría limitado la participación de sectores claves, como los trabajadores de la industria taurina y las comunidades donde estos eventos son tradicionales.
Según los demandantes, este proceso legislativo apresurado podría haber vulnerado los derechos de quienes dependen económicamente de esta actividad y los de aquellos que consideran la tauromaquia parte de su patrimonio cultural.
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El Gobierno nacional, por su parte, ha defendido la prohibición como una medida necesaria para proteger los derechos de los animales y avanzar hacia una sociedad más respetuosa con todas las formas de vida. Las organizaciones defensoras de los derechos animales han respaldado la medida y aseguran que el proyecto de ley responde a una creciente conciencia social sobre el maltrato animal.
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