En octubre del 2023, el presidente Gustavo Petro presentó con gran expectativa el programa Jóvenes en Paz, una iniciativa gubernamental que ofrece hasta un millón de pesos a jóvenes en situación de vulnerabilidad con el objetivo de alejarlos de la delincuencia y promover la legalidad a través de educación y formación. A pesar de la buena intención del programa, las críticas y cuestionamientos sobre su implementación no han tardado en surgir.
El programa está diseñado para beneficiar a 100.000 jóvenes de entre 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y están en riesgo de involucrarse en actividades criminales. En su primera fase, se planeaba apoyar a 6.000 jóvenes, pero según datos del Ministerio de la Igualdad, sólo 1.723 jóvenes han recibido ayuda hasta la fecha, con un total de 3.015 millones de pesos distribuidos a través de 3.442 transferencias.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Estas cifras fueron reveladas por el periódico El Colombiano y allí se desataca que entre las ciudades con mayor número de beneficiarios se encuentran Quibdó (578 jóvenes) y Medellín (333 jóvenes), seguidas por Buenaventura (327), Bogotá (233), Guachené (144) y Puerto Tejada (108). Además, el Ministerio de la Igualdad reporta la inclusión de diez jóvenes migrantes en el programa. Los criterios de selección se basan en la alta incidencia de criminalidad, el tamaño de la población en riesgo y su vulnerabilidad socioeconómica.
Denuncias presuntas inconsistencias en transferencias
Sin embargo, la representante de oposición Carolina Arbeláez, del partido Cambio Radical, ha planteado serias inquietudes sobre la implementación del programa. Arbeláez señala irregularidades significativas en los registros del Ministerio, incluyendo la presencia de 425 jóvenes con edades incorrectas, como nacidos en 1899, y casos en los que se han realizado múltiples transferencias a una misma persona. Para la congresista, estos problemas reflejan un desorden administrativo que podría comprometer la efectividad del programa y aumentar el riesgo de corrupción.
“No sabemos cómo es que se están haciendo las transferencias y por eso, hemos podido acompañamiento por parte de los organismos de control para que sean ellos los que establezcan las presuntas irregularidades y se les hagan una especial vigilancia a estos recursos”, le dijo la parlamentaria al referenciado medio de comunicación.
Arbeláez también critica el enfoque del programa, alegando que, en lugar de ofrecer una verdadera alternativa a la criminalidad, podría terminar incentivando la delincuencia al pagar a jóvenes ya involucrados en actividades delictivas. La representante compara la estrategia con prácticas observadas en otros países, sugiriendo que el programa podría estar abriendo puertas a la infiltración de grupos criminales organizados.
“Nos parece peligroso porque, sin lugar a dudas, lo que se busca es reclutar jóvenes para estar al servicio del Gobierno. Es muy parecido a como se conformaron los colectivos chavistas en Venezuela, que eran jóvenes vinculados a dinámicas de criminalidad a quienes les empezaron a pagar bajo un programa muy parecido (...) se abre también una puerta a que, por ejemplo, se le estén haciendo transferencias a jóvenes vinculados al Tren de Aragua”, añadió la congresista de Cambio Radical.
¿Qué dice el Gobierno?
El Ministerio de la Igualdad ha respondido a las críticas. Gareth Sella, viceministro de Juventud, aclaró que las fechas incorrectas en los registros son el resultado de errores en el sistema de gestión de datos y no reflejan pagos indebidos. Además, asegura que los datos de los beneficiarios son validados a través de múltiples entidades para evitar duplicidades y errores.
A pesar de estas aclaraciones, la ejecución del programa sigue siendo motivo de escrutinio. Con una ejecución del 1% de su presupuesto hasta julio y una cobertura del 28,7% de los jóvenes previstos para la primera fase, el programa enfrenta desafíos significativos. Los cuestionamientos persisten sobre la gestión de los recursos y la efectividad de la focalización, especialmente considerando que el costo estimado del programa podría alcanzar los $1,2 billones anuales.
El futuro del programa “Jóvenes en Paz” dependerá de la capacidad del Gobierno para resolver las irregularidades señaladas y demostrar que puede ofrecer una alternativa viable y efectiva para los jóvenes en riesgo.
Más Noticias
Minnesota United vs. Seattle Sounders - EN VIVO: Inició el partido de la fecha 5 de la MLS, con James Rodríguez como suplente
El capitán de la selección Colombia podría ser titular en los Loons en el último partido antes del parón internacional por la fecha FIFA en donde la Tricolor enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos
Incautan en Sabaneta dos toneladas de marihuana que iban a ser distribuidas en el Valle de Aburrá
Un operativo de inteligencia permitió a las autoridades interceptar un camión cargado con marihuana, cuyo destino final era el área metropolitana de Medellín
Turista inglés fue encontrado muerto en playas de El Laguito, Cartagena: esto se sabe
Las autoridades del Distrito de Cartagena confirmaron la muerte de un turista que fue hallado sin vida en las playas de El Laguito. El incidente se presentó en un contexto de advertencias sobre condiciones marítimas peligrosas
Nairo Quintana “fue el punto máximo” del ciclismo colombiano: expertos analizan su retiro y el futuro de este deporte en Colombia
Víctor Hugo Peña y Luis Fernando Saldarrieaga analizaron para Infobae Colombia el impacto por el retiro del campeón colombiano del Giro de Italia y la Vuelta a España, además de cuál es el ciclista que deberá heredar sus banderas
Fiscalía investiga presunta megaestafa en concesionarios de vehículos en Medellín: cerraron tras muerte de presunto dueño
Las autoridades priorizan la atención a afectados y el análisis de registros tras identificar empresas bajo sospecha, luego de que más de 450 personas reportaran pérdidas económicas y patrimoniales
