El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó en el Congreso el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria, con el que se les otorgará a los jueces y magistrados del país la potestad de resolver de manera exclusiva y especializada los conflictos agrarios y rurales en el país.
Aunque el trámite en el legislativo no ha iniciado, varios congresistas iniciaron sus cuestionamientos frente a la propuesta radicada por los Ministerios de Agricultura, Justicia e Interior.
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Una de ellas fue la representante a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Miranda, que en su cuenta de X, alertó sobre la inclusión de la figura de ‘expropiación exprés’, que ya había sido incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que fue anulado por la Corte Constitucional.
“El artículo 5º numeral 4º del proyecto de ley señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural, ¿cuál es el racero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”, escribió la congresista en sus redes sociales.
Añadió que en el proyecto presentado por el Gobierno Nacional, “los procedimientos especiales, como los de expropiación, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una entidad administrativa, cuando hoy lo hace un juez de la República”.
En este sentido, Miranda sostuvo que en el Gobierno de Gustavo Petro “van a radicar toda una ley para la jurisdicción agraria y rural, con la finalidad de proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la ANT cuando debería ser un juez de la República. En el proyecto, el Juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años ¡Inaudito! (...) señores Gobierno Nacional, no más micos, no más violación a la propiedad privada. ¡Respeten a los colombianos!”
Finalmente, la representante de Alianza Verde advirtió que, de aprobarse tal cual como lo presentó el Gobierno, iría encaminado a ser declarado como inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. “Y eso sin hablar de que no hicieron consulta previa para el Proyecto de Ley, sino que entregan facultades extraordinarias al Presidente para hacer una consulta posterior, a todas luces INCONSTITUCIONAL”, concluyó.
Gobierno insiste en que la Jurisdicción Agraria no incluye la expropiación exprés
Ante la preocupación de la congresista, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino respondió a los cuestionamientos y señaló que en el documento no se incluye la expropiación exprés.
“El proyecto de ley que radicamos es absolutamente claro en que la expropiación agraria, regulada en el artículo 32 y 33 de la ley 160 de 1994, es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. ¿De cuál expropiación express hablan?”, cuestionó la funcionaria en su cuenta de X.
Igualmente, la jefa de cartera criticó a quienes cuestionan el proyecto, y mencionaron que existen confusiones que pueden abordar la iniciativa con un enfoque distinto al planteado por el Gobierno Petro.
“Confunden, quizá por desconocimiento del régimen agrario, la expropiación agraria con los procesos especiales agrarios. Confunden la recuperación de baldíos indebidamente ocupados con la revocatoria directa del acto administrativo. Se difumina la responsabilidad en la administración de los bienes de la Nación con la adquisición directa”, expresó Carvajalino en sus redes sociales.
Durante la radicación del proyecto en el Congreso, la ministra de Agricultura precisó que la Jurisdicción Agraria responde a uno de los compromisos incluidos en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.
“Los jueces agrarios tendrán facultades para acceder a sistemas de información del Estado y solicitar documentos necesarios, manteniendo las facultades existentes en la legislación actual”, declaró la funcionaria.
En junio del año anterior, el Congreso aprobó un acto legislativo que incluyó la Jurisdicción Agraria y Rural en la Constitución Política, por lo que solamente faltaría la aprobación de esta ley ordinaria, que definiría los procedimientos y competencias. Por ahora, el proyecto iniciará su trámite en la Comisión Primera del Senado de la República.
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