
La puesta en marcha de la reforma laboral que está impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro podría generar un “aumento considerable” de la informalidad en el país, según un estudio que realizaron los investigadores Cristina Fernández y Gabriel Ulyssea.
La lectura que ofrecieron los académicos sugiere que la implementación de dicha propuesta puede provocar un incremento de entre 7 y 12 puntos porcentuales al respecto, especialmente en trabajadores con bachillerato completo.
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Según el informe, denominado “Sobre la interfaz entre la Seguridad Social y el coste fiscal”, citado por el diario económico especializado La República, existen fuertes impactos que serían contraproducentes sobre los trabajadores que pretende proteger, al incrementar los costos de contratación y, en efecto, se fomentaría la desprotección legal en el mercado laboral nacional.
Tanto la investigadora de Fedesarrollo, Cristina Fernández, como el profesor del prgramna de PhD del departamento de Economía de la University College London, también advirtieron que los salarios de los trabajadores cualificados podrían disminuir entre 12 y 25 puntos porcentuales.
Esta reducción salarial potencial podría resultar beneficiosa para las empresas informales y podría incentivar a las empresas formales a moverse hacia la informalidad.

Además, se anticipa una mayor entrada de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el sector informal, lo que implicaría un cambio en la estructura del mercado laboral, como informó el medio.
Más allás de la investigación, opositores al plan de gobierno de Gustavo Petro han vatiticinado desde el año anterior y durante algunos meses lo mismo: un posible favorecimiento del desempleo y la desatención a la informalidad. El gremio vocero de los comerciantes coombianos, Fenalco, estimó en una carta “el fuerte aumento en los costos que deben asumir los comerciantes para contratar personal, que se incrementarían entre un 30 a 35%.”.
Otro estudio realizado por un semillero de los estudiantes de Economía de la Universidad de los Andes, vaticinó lo mismo. “La caída en la productividad que generará la reforma laboral vendrá por tres razones principales. La primera razón es que la evidencia empírica sugiere una correlación negativa entre costos no-salariales y contratación en el sector formal. Por lo tanto, como la reforma aumenta los costos no-salariales se podría esperar que caiga la demanda de trabajadores formales”.

En este análisis, denominado “La reforma laboral reducirá la productividad e innovación en Colombia”, y que se publicó a mediados del 2023, destacaron también los ejemplos históricos que apuntan a que las propuestas de Gustavo Petro no se alinean con la evidencia empírica de previas reformas.
Así aumentarían los costos laborales
Los investigadores también señalan que, aunque la reforma está diseñada para proporcionar mayor protección y beneficios a los trabajadores con empleos formales, el aumento previsto en los costos laborales podría perjudicar a estos mismos trabajadores. El informe estima que dichos costos podrían aumentar entre 2.4 puntos porcentuales y 5.9 puntos porcentuales, dependiendo de diferentes escenarios.
Por su parte, Fenalco aseguró sobre este escenario que “el proyecto privilegia a empleados y sindicalizados y no da respuesta a los 15.921.000 colombianos desempleados e informales”.

Tanto el análisis de Fernández y Ulyssea comparten la perspectiva con el estudio de los Andes en el hecho de que el incremento en los costos laborales incluye aspectos como los despidos, que podrían incrementarse entre 1.15 puntos porcentuales y 1.94 puntos porcentuales, y el costo de las horas extras, vacaciones y horas nocturnas, que podría añadir hasta 4 puntos porcentuales a la estructura de costos de las empresas en el país. Otros posibles aumentos de costos incluyen los relacionados con la organización sindical y posibles litigios legales por ambigüedades en la ley.
Por otro lado, el estudio de los académicos también abordó el impacto fiscal de la reforma. A pesar de las declaraciones del Gobierno sobre el nulo impacto fiscal de la norma, los investigadores afirman que la reforma podría reducir los ingresos fiscales entre 1.8 y 2 puntos porcentuales.
Este pronóstico contrasta con las expectativas oficiales y sugiere que la reforma tendría repercusiones adversas sobre las cuentas públicas del país.
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