En pleno centro de Bogotá: así funcionaba una red de tráfico de armas y explosivos que desarticularon el Ejército y la Fiscalía

En un golpe decisivo contra el crimen organizado, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una sofisticada red de tráfico de armas, municiones, explosivos y material de intendencia que operaba en Bogotá y Tolima. La operación, enmarcada en el Plan Ayacucho, culminó con tres allanamientos y la captura de ocho sospechosos.

Las tropas del Gaula Militar Cundinamarca, junto con el Batallón de Fuerzas Especiales N.° 5 de la Décima Tercera Brigada y el Batallón de Fuerzas Especiales N.° 6 de la Sexta División, llevaron a cabo los operativos en la localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad. Allí, desmantelaron el centro de producción y distribución de esta red criminal.

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El mayor Freyman Alejandro Lancheros, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No 6, declaró que “el Ejército y la Fiscalía desarticulan red de tráfico de armas, municiones, explosivos y material de intendencia”.

En el municipio de Flandes, Tolima, las autoridades capturaron a alias Johan, presunto líder de la organización, quien ya contaba con antecedentes por tráfico de material de intendencia. Durante los allanamientos, las tropas incautaron quinientos metros de cordón detonante, noventa cartuchos de diferentes calibres, cuatro proveedores, diez máquinas de confección y 130 uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

La investigación, iniciada en marzo de 2023 por el Batallón de Contrainteligencia Militar N.° 9, reveló que esta red confeccionaba uniformes militares para venderlos a grupos armados organizados en Caquetá y Cauca. Este golpe afecta las finanzas ilegales de dichas estructuras criminales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación: “Durante los allanamientos realizados en Bogotá y Flandes (Tolima) fueron incautados 500 metros de cordón detonante, 30 cartuchos 5.56 y 90 cartuchos 7.65 así como 410 uniformes camuflados, camisas, sudaderas chalecos, gorras y material de campaña”, emitieron desde el ente de control en un comunicado emitido a la prensa.

“El impacto de esta operación va más allá de las capturas. Hemos logrado neutralizar una fuente importante de recursos para organizaciones que atentan contra la vida e integridad de los colombianos,” enfatizó el mayor Lancheros.

De acuerdo con las autoridades con la operación se reafirma el compromiso del Ejército y la Fiscalía en su lucha contra el crimen organizado y en la protección de la seguridad nacional.

Este operativo es de vital importancia, ya que impide que uniformes y armamento caigan en manos de criminales, quienes podrían utilizarlos para actividades ilícitas y violentas. Al desarticular esta red de tráfico de armas y material de intendencia, se evita que estos elementos sean empleados para suplantar a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo que podría generar confusión y poner en grave riesgo la seguridad de la población.

En Colombia, el porte o la fabricación de prendas exclusivas de las Fuerzas Militares sin autorización constituye un delito tipificado en el Código Penal. Específicamente, el artículo 346 del Código Penal establece que quien adquiera, porte, fabrique, comercialice o distribuya bienes que pertenezcan a las Fuerzas Militares o de Policía y que sean de uso privativo, sin contar con la debida autorización, puede enfrentar sanciones penales severas.

Las penas para este delito incluyen prisión de seis (6) a ocho (8) años y una multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, si la fabricación, porte o comercialización de estas prendas se realiza con el objetivo de cometer otros delitos, las penas pueden ser aún más severas dependiendo del contexto y las consecuencias de dichas acciones.

El uso indebido de prendas de las Fuerzas Militares por personas no autorizadas es peligroso porque facilita la comisión de delitos al crear una falsa apariencia de autoridad, permitiendo robos, secuestros y extorsiones. Además, mina la confianza pública en las autoridades, genera confusión y desconfianza y pone en riesgo la integridad de los verdaderos miembros de las Fuerzas Militares. También, alimenta mercados ilegales que financian actividades delictivas, socavando el orden y la estabilidad social. Por estas razones, tal conducta es severamente sancionada por el marco legal colombiano.