La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por presuntas irregularidades en la licitación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, vinculadas al escándalo de corrupción de Odebrecht.
En un juicio que se llevará acabo el 30 de julio de 2024, los acusados enfrentarán cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de acuerdo con la investigación liderada por el fiscal Gabriel Jaimes.
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El ente acusador demostró que los exfuncionarios habrían facilitado a la concesionaria Ruta del Sol, controlada por Odebrecht, la ejecución de diseños y obras adicionales mediante varios otrosíes al contrato original. Estas modificaciones, aprobadas de manera unilateral, carecían, presuntamente, de los estudios previos necesarios y la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
Estos son los exfuncionarios que serán imputados
Entre los acusados figuran Andrés Figueredo Serpa, Camilo Mendoza Rozo, María Clara Garrido, Beatriz Eugenia Morales Vélez, Héctor Jaime Pinilla Ortiz y Yasmina del Carmen Corrales, todos ocupando roles clave en la ANI durante el proceso. La acusación también incluye a otros exfuncionarios como José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, David Leonardo Montaño García, Alexandra Lozano Vergara, Harbey José Carrascal, Francisco Javier Forero, Emerson Durán Varas, Cesar Augusto Peñaloza Pabón, Édgar Chacón Hartman y Miguel Ángel Bettin Jaraba.
De acuerdo con la Fiscalía, las adiciones al contrato aumentaron el costo total de la Ruta del Sol II en un 32% y extendieron su plazo de ejecución de 20 a 25 años. Además, la ANI habría pagado más de $7.804 millones a la concesionaria por estudios y construcción, incluyendo $3.177 millones por estudios y $4.630 millones por la construcción de un tramo específico.
Las pruebas en poder de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación sostiene que se habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, cuyo objetivo era la construcción del tramo vial denominado Ruta del Sol II; beneficiando técnica, jurídica y financieramente a la concesionaria.
“Con su actuar y en ejercicio de sus cargos habrían favorecido al Concesionario Ruta del Sol II, flexibilizando las condiciones técnicas – financieras y en detrimento del Estado, ampliando plazos para evitar procesos sancionatorios, modificando la forma de pago pactada, eliminando obras necesarias, entre otras anomalías”, indicó el ente acusador.
Estas prácticas, presuntamente ilegales, habrían incrementado el flujo de efectivo de la concesionaria evitando que asumiera deudas lo que, a juicio de la Fiscalía, “no sólo comprometen el patrimonio del Estado, sino que también afectan la confianza pública en las instituciones encargadas de la infraestructura”.
Los otrosí que consideró el ente acusador son:
- Otrosí 4, firmado el 28 de octubre de 2013, que modificó las condiciones financieras y plazos de ejecución, evitando el cobro de multas al contratista por procesos sancionatorios.
- Otrosí 5 y 8, suscritos el 19 de diciembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2014, permitieron la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá sin las autorizaciones del Confis y Conpes y sin la actualización en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN).
- Otrosí 7, suscrito el 15 de mayo de 2014, que mejoró el flujo de caja del concesionario, privando al Estado de recibir rendimientos financieros.
- Otrosí 9, firmado el 4 de diciembre de 2015, que nuevamente modificó la fórmula de pago reconociendo puentes como estructuras independientes, lo que perjudicó los rendimientos a favor del Estado.
- Otrosí 10, celebrado el 3 de noviembre de 2016, que eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de la calzada existente entre Puerto Salgar y Caño Alegre (Cundinamarca), causando un descuento incorrecto al concesionario.
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