En una labor de seguimiento a la política pública de seguridad vial, la Contraloría General de la República mostró preocupación por el aumento en el índice de siniestros viales en Colombia, que han dejado miles de víctimas fatales y lesionados.
De 2022 y 2023 se tuvieron los registros más altos del siglo XXI en cuanto a accidentes de tránsito, superando las 8.600 víctimas, según indicó ente de control fiscal. Además; esta causa ocupa el octavo lugar de muerte general en la población colombiana, es la quinta para los hombres y en el caso de las mujeres, es el primer motivo de muerte violenta.
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De los análisis realizados por la Contraloría en el periodo referenciado, se destaca que población vulnerable terminó mayormente afectada por siniestros viales:
- En 2023 fallecieron 535 niñas, niños y adolescentes en accidentes de tránsito, siendo la única causa de muerte violenta con una variación creciente del 9% respecto al 2022; pues los homicidios, suicidios y otros eventos en este grupo poblacional, decrecieron.
- Adicionalmente, los siniestros viales ocurridos en 2023 fueron la primera causa de muerte violenta en la población de adultos mayores, cobrando 1.768 vidas, con un incremento de un 6% con relación a 2022.
La Contraloría también identificó que, luego de más de diez años de creada la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, “aún no se cuenta con indicadores para el seguimiento de los lesionados sobrevivientes”.
En otro estudio realizado por la entidad en 2023, se encontró que las atenciones de víctimas en 2022 superaron el millón de casos por atenciones en salud, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios, todo ello con un monto superior a $2.7 billones.
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Dichos pagos se hicieron con cargo al sistema Soat, producto de las reclamaciones a las aseguradoras y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Una política pública que está lejos de cumplir las metas trazadas
La actual política pública de seguridad vial tiene por meta “reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales por lo menos en un 50% para el 2030″. Sin embargo, el seguimiento hecho por la Contraloría reveló que los avances hacia el logro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “están distantes de las metas trazadas”.
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En 2022 y 2023, la meta de reducción de personas fallecidas en siniestros viales por año estaba definida en 7.015 y 6.675 respectivamente; pero la realidad, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, es que hubo 8.469 y 8.546 personas fallecidas en accidentes de tránsito para estos períodos, respectivamente.
Ahora, para 2024 está determinada una meta de reducción a 6.371 personas fallecidas. Es por eso que la entidad indicó que urgen acciones efectivas que reviertan la tendencia creciente de siniestralidad vial que permitan alcanzar las metas propuestas, evitando así estas tragedias prevenibles.
“El problema público como consecuencia de los sinestros viales y sus efectos negativos por estas muertes prematuras y lesiones graves, tienen amplias consecuencias sociales y económicas reflejadas en la salud pública, la calidad de vida de las víctimas y sus familias, procesos administrativos, civiles y penales de las víctimas, el daño antijurídico, la equidad social por la concentración de costos en población vulnerable y afectaciones en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, subrayó la Contraloría..
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El llamado al Gobierno nacional
Debido a la numerosa población afectada en siniestros viales y lo que ello convella, como los costos acarreados al sistema de seguridad social e impacto a la calidad de vida de las víctimas y sus familias; la Contraloría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades directamente responsables de diseñar e implementar las políticas públicas de salud y seguridad vial, para que mejoren su articulación y para que prioricen la adopción de las acciones necesarias y suficientes que garanticen la pronta disminución de la alta siniestralidad vial en el país.
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