Magistrado de una alta corte de Colombia aseguró que órganos de inteligencia interceptaron ilegalmente su teléfono

Un magistrado de una lata corte de justicia de Colombia lanzó una advertencia sobre las interceptaciones ilegales realizadas por órganos de inteligencia del Estado.

A través de un mensaje en WhatsApp, el magistrado informó a varios de sus contactos sobre la intervención ilegal de su teléfono y chat: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, según lo dio a conocer Carcol Radio.

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El funcionario judicial informó que, presuntamente, los “procesos técnicos” del dispositivo empezaron a fallar, lo que llevó al descubrimiento de la intercepción.

Según una fuente cercana al magistrado, que prefirió el anonimato por razones de seguridad, la situación ha sido confirmada y se manejará con discreción. La fuente indicó en una entrevista con Caracol Radio que se mantendrán cautelosos para proteger la integridad del magistrado y su familia.

Pese a esta situación, la fuente aseguró a ese medio que continuará con sus funciones sin dejarse intimidar. Afirmó que el magistrado está consciente de la intervención ilegal, pero no permitirá que esto interfiera en su labor judicial. Pese a eso, también solicitó prudencia sobre el caso, impidiendo que se difundiera su contacto.

Esta revelación genera inquietud sobre la prevalencia de prácticas de espionaje ilegal en el país, un tema que ha sido motivo de alarma y preocupación entre los ciudadanos colombianos durante varios años.

Audiencias preparatorias para policías acusados por interceptaciones ilegales a Marelbys Meza en julio

El proceso judicial contra los policías involucrados en las supuestas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, comenzará con audiencias preparatorias los días 22, 23 y 24 de julio. Este caso ha captado la atención pública debido a las acusaciones graves de abuso de poder y manipulación por parte de los agentes implicados.

Los agentes de policía, implicados en la interceptación de comunicaciones de Meza y en someterla a un polígrafo en los sótanos cercanos a la Casa de Nariño, están dispuestos a cooperar con la justicia. Buscan revelar los hechos e identificar a quienes instruyeron las acciones, según informó Caracol Radio.

Iván Cancino, abogado de la exniñera, describió en una entrevista, con el medio mencionaod, cómo su cliente fue llevada a un sótano, atada a un polígrafo y posteriormente interrogada, lo que podría configurar un caso de tortura. Meza fue acusada a principios de 2023 de robar un maletín con una gran suma de dinero y sometida a múltiples interrogatorios y pruebas de polígrafo: “Meter a una persona en un sótano, amarrarla al polígrafo y solo cuando está atada y asustada, hacerle la pregunta de si da su consentimiento, luego realizarle seguimientos ilegales, podría configurar una posible tortura, tipificada o imputada como tal”.

Las autoridades han identificado a Dana Alejandra Canizales, Carlos Andrés Correa, Alfonso Quinchanegua y Jhon Fredi Morales Cárdenas como presuntos responsables de delitos como falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Canizales, patrullera en el momento de su captura, aceptó cargos y colaborará con la justicia, mientras que Quinchanegua enfrenta además un proceso penal por falsedad material en documento público mediante la modificación del testimonio de Meza.

El testimonio de una fuente humana por parte de Correa Loaiza y Morales Cárdenas buscaba justificar la interceptación de las comunicaciones de Meza. Estos eventos se vinculan con la muerte del coronel Óscar Dávila, cuyo fallecimiento aún está bajo investigación. El coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Petro, fue acusado de negligencia en relación con estas irregularidades.

Dana Canizales fue liberada de prisión y cumple con detención domiciliaria después de firmar un acuerdo de colaboración con la justicia, que implicó una pena de 80 meses.