La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, culminó su declaración ante la Corte Suprema de Justicia tras ser citada como testigo en una denuncia por irregularidades en las elecciones de 2022.
López fue convocada por la magistrada Cristina Lombana para aportar información sobre presuntas irregularidades en la Alcaldía Mayor de Bogotá que podrían haber favorecido a ciertos congresistas de la Alianza Verde durante las campañas electorales del 2022.
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La comparecencia de López ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se prolongó por dos horas y media. Los exconcejales de la Alianza Verde habían presentado una denuncia señalando que durante su mandato se celebraron contratos que, presuntamente, beneficiaron a algunos miembros del partido para obtener ventajas en las elecciones al Congreso de la República.
Este acto ocurre dentro de un proceso judicial para investigar cualquier tipo de corrupción o irregularidades que se hubiesen cometido en la administración local de Bogotá.
Varios congresistas no identificados de la Alianza Verde, así como candidatos al Senado y la Cámara de Representantes, podrían haber sido beneficiados mediante contratos irregulares, según se indica en una denuncia presentada recientemente.
El despacho de la magistrada Lombana se encuentra en la fase de recopilación de pruebas, lo cual es un paso crucial para decidir si se debe abrir una investigación formal. La denuncia menciona que los congresistas y los candidatos habrían recibido beneficios específicos a través de estos contratos.
La exalcaldesa optó por no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.
La investigación en cuestión
De acuerdo con El Colombiano, la investigación busca determinar si hubo delitos cometidos por congresistas aforados durante su reelección o por nuevos candidatos a representantes y senadores. La denuncia señala que, en lugar de cumplir sus funciones, personas contratadas por distintas entidades de la Alcaldía de Bogotá fueron empleadas para apoyar a candidatos en la organización de eventos políticos, logística y estrategias de campaña.
Catherine Juvinao, representante implicada en la investigación, niega cualquier irregularidad y afirma que su equipo de campaña siempre se ajustó a la ley. Sin embargo, las autoridades investigan el caso de una persona que trabajaba simultáneamente con el distrito y con su equipo de campaña, así como otro contrato paralelo en una alcaldía local.
El origen de la investigación se remonta a denuncias presentadas por dos concejales del partido Verde, entonces opositores a la alcaldesa Claudia López y ahora en altos cargos del gobierno de Gustavo Petro. Luis Carlos Leal, actual superintendente de Salud, y Diego Cancino, viceministro del Interior, acusaron a entidades del distrito de usar contratos para pagar favores políticos a concejales alineados con la alcaldía, y favoreciendo a candidatos cercanos durante el periodo electoral.
A la denuncia de Leal y Cancino se sumaron las declaraciones del senador Miguel Uribe el cual señaló un aumento inusual en el presupuesto de contratos por prestación de servicios de Bogotá antes de las elecciones de octubre de 2023. Uribe Turbay indicó que la administración de Enrique Peñalosa dejó alrededor de 31.000 contratistas y la de Claudia López terminó con más de 70.000, pasando a un rubro de 1.7 billones de pesos en ese gasto, con un aumento del 70% en el presupuesto.
Los concejales que presentaron las denuncias declararon a la Corte sin proporcionar pruebas concretas de sus acusaciones.
La atención se centra en el posible uso de entidades del distrito para facilitar campañas políticas de ciertos candidatos, una práctica que podría constituir un delito electoral. Las autoridades buscan esclarecer si estos contratos, aparentemente lícitos, fueron manipulados con fines políticos.
Uribe subrayó que entre los contratistas se encontraron aumentos significativos en los meses previos a las elecciones, lo que plantea la cuestión de si estos recursos se utilizaron de manera adecuada o si hubo desvíos para beneficiar a ciertos candidatos.
La investigación abarca no solo a los congresistas y sus equipos, sino también a las autoridades locales que pudieron haber facilitado estas prácticas. La Fiscalía ha solicitado toda la documentación pertinente a la Alcaldía de Bogotá y a las entidades implicadas para analizar los contratos y definir si hubo irregularidades.
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