Corte Suprema tomó trascendental decisión en el caso de Armando Benedetti, investigado por enriquecimiento ilícito

La Corte Suprema de Justicia adoptó el jueves 23 de mayo de 2024 una crucial decisión con respecto al proceso que tiene abierto el exsenador y hoy embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés), por el presunto delito de enriquecimiento ilícito: en uno de los procesos que cursan en su contra.

De acuerdo con la Sala Plena del alto tribunal, la indagación es competencia de la Sala de Instrucción de la Corte, y no de la Fiscalía General de la Nación, con lo que empezó a destrabarse el caso que involucra al diplomático: protagonista en el último tiempo de una serie de hechos que, en julio de 2023, llevaron a su salida de la embajada en Venezuela, y que estarían relacionados con su papel en la campaña presidencial.

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“Investigación contra embajador Armando Benedetti es competencia de Sala de Instrucción de la Corte. La Sala Plena resolvió conflicto entre Fiscalía y la Sala de Instrucción en proceso que se adelanta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público”, fue el escueto mensaje con el que se informó al país sobre el avance de este proceso judicial.

La determinación se tomó luego de que en febrero de 2024, el magistrado de la Corte Suprema César Reyes remitió el caso a la Fiscalía, que en principio lo aceptó. No obstante, el 18 de abril, el fiscal sexto delegado ante el tribunal manifestó que no tenía competencia en el mismo, por lo que devolvió el expediente a la Corte, que tuvo que definir en Sala Plena en qué despacho continuaría la investigación.

Este suceso generó lo que se conoce en el ámbito judicial como un conflicto negativo de competencias, que fue resuelto por la Sala Plena del alto tribunal. En este mediático proceso, la Corte había admitido en octubre de 2023 una de las cinco recusaciones que el embajador Benedetti interpuso contra su investigadora, la magistrada Cristina Lombana, con la que buscaba interponerse en el avance de las indagaciones.

Con ello, sí logró que este caso en específico pasara a manos de Reyes, aunque en los otros cuatro, entre los que se destaca el que se le acusa de los punibles de tráficos de influencias y celebración indebida de contratos, en lo que respecta a la adjudicación de contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade); y el de la Fiduprevisora, por presuntas amenazas a funcionarios de la entidad que se habrían negado a participar de un posible entramado corrupto, Lombana sigue al frente.

Es preciso destacar que el proceso contra Benedetti se lleva a cabo porque el excongresista y diplomático del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, no ha podido demostrar el ingreso a sus cuentas bancarias de 3.000 millones de pesos; en ingresos que, al parecer, no tendrían relación con su rol como senador, y que al parecer percibió entre 2002 y 2017.

Resalta la compra de un apartamento en 2010, cuando Benedetti pudo justificar $1.600 millones del valor dado por este inmueble, pero no así con $519 millones adicionales; a lo que se sumarían los pagos a tarjetas de crédito que, de acuerdo con la investigación que cursa en contra del exsenador, no habrían salido de las cuentas que fueron reportadas ante la corporación para la consignación de sus salarios.

A esto se suma el giro de más de $780 millones a Elsy Mireya Pinzón, que oficiaba como asesora del senador y que tenía cuentas del exterior, de los que el hoy diplomático solo soportó $389 millones, provenientes de sus cuentas. En julio de 2021, cuando se conocieron estas informaciones, Benedetti las desmintió a través de su perfil de X (antes Twitter).