El homicidio del director de la cárcel La Modelo en Bogotá, Élmer Fernández, abrió la puerta al debate sobre la presunta falta de garantías para los funcionarios que se dedican a dirigir y custodiar los penales en el territorio nacional.
La noticia generó que otros funcionarios decidieran dejar a la vista de la opinión pública la situación y los riesgos que corren varios trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
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De acuerdo con una denuncia que dio a conocer el diario local El Colombiano, otros dos directores de cárceles están amenazados y sin esquema de seguridad.
Óscar Robayo, guardián del Inpec desde hace 22 años y presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Penitenciarios, denunció ante el medio de comunicación que varios directores de cárceles en Colombia están bajo amenazas de muerte y sin esquemas de seguridad adecuados por demora en la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Tras el asesinato del coronel Elmer Fernández en Bogotá, ocurrieron nuevas amenazas, incluyendo panfletos dirigidos a los guardias de la cárcel de mujeres El Buen Pastor.
“Nosotros sabemos que es una actividad de riesgo. Pero hoy vemos que hay una desprotección del Estado y una actividad muy lenta de la UNP y decisiones administrativas que no entendemos. A mí me retiraron un esquema en enero de una manera abrupta y sin argumentos jurídicos a pesar de que tengo amenazas de muerte”, relató Robayo.
“Hay directores de cárceles que tienen amenazas y no cuentan con esquema de seguridad. El director de Girón, por ejemplo, no tiene esquema; el director de la cárcel de El Carmen tiene un vehículo convencional, no tiene uno blindado”, añadió.
Gobierno Petro ha aportado a enfrentar la problemática, pero no es suficiente
Robayo afirmó en la entrevista que el problema estructural del Inpec va más allá de las rejas. Aunque destaca la transformación del sistema penitenciario con el apoyo del actual Gobierno en los últimos 18 meses, que ha disminuido la permisividad dentro de las cárceles, Robayo señaló que la falta de seguridad para el personal penitenciario ha sido un problema persistente.
“Ha habido control y un trabajo de la mano del Gobierno y de los funcionarios del Inpec. Esto también afectó algunas bandas criminales y sus jefes que no pierden el poder delincuencial dentro de las cárceles y termina repercutiendo en los empleados y los directivos de rejas para afuera. Las bandas criminales se dieron cuenta que nosotros somos el eslabón más débil y no contamos con la protección necesaria del Estado”, dijo.
Indicó que en los últimos seis años han asesinado a 56 guardias y directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Según los datos que entregó el funcionario, seis de esos homicidios ocurrieron durante el año pasado y lo que va corrido del 2024.
El líder sindical señaló la falta de apoyo de la Policía Nacional y la ineficiencia de la UNP en brindar seguridad a los funcionarios penitenciarios. Mencionó que incluso él perdió su esquema de protección en enero, a pesar de enfrentar amenazas específicas.
“El Gobierno Petro está haciendo bien las cosas de rejas para adentro. Pero claro que falta coerción del Estado. No hay apoyo de la Policía Nacional, especialmente por los cordones de seguridad en las cárceles. Algunos compañeros han sido asesinados llegando a trabajar. Hay falta de análisis e incompetencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, añadió.
Además, Robayo mencionó la existencia del grupo criminal Muerte a Guardianes Opresores (Mago), responsable de homicidios y ataques contra el personal penitenciario.
Sugirió que falta coordinación entre las instituciones estatales para proteger a los funcionarios y denunció la dualidad administrativa entre el Inpec y la Uspec, entidad que gestiona el presupuesto y contrataciones relacionadas con las cárceles.
Finalmente, destacó que existen investigaciones en curso sobre la corrupción dentro del sistema penitenciario, aunque subrayó la importancia de fortalecer la protección y estrategias de seguridad para reducir el riesgo para el personal del Inpec.
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