La decisipon de cobrar tarifas en los parqueaderos de visitantes en algunos conjuntos residenciales está generando una gran controversia entre los residentes, quienes han expresado su descontento por las tarifas que deben pagar por estacionar en los espacios designados para visitas.
Para resolver este tipo de conflictos, se deben crear juntas o asambleas en los conjuntos residenciales, compuestas por propietarios de los inmuebles. Estas juntas tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a todos los residentes, siempre y cuando dichas decisiones sean aprobadas por la mayoría.
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Este mecanismo de votación permite a los propietarios votar a favor o en contra de diversas propuestas.
Las decisiones tomadas por estas agrupaciones deben estar en consonancia con el reglamento de propiedad horizontal, el cual establece los límites y normas que deben seguirse. Uno de los temas que más conflictos genera es el uso de los parqueaderos, cuestión que ha suscitado numerosas inquietudes sobre su correcta utilización.
Las normas de propiedad horizontal imponen regulaciones claras que buscan garantizar una sana convivencia entre los residentes. Sin embargo, la aplicación de estas normativas en lo que respecta a los costos de los parqueaderos de visitantes ha generado desacuerdos y discusiones, evidenciando la necesidad de un consenso claro y reglamentado entre los propietarios de los inmuebles.
Este entorno de confrontación subraya la importancia de las decisiones informadas y debatidas en las asambleas, así como la correcta implementación de las normas establecidas.
La situación pone de relieve la necesidad de un adecuado equilibrio entre los derechos de los propietarios y las normativas que garantizan la organización y armonía dentro de los conjuntos residenciales.
Ley 675 de 2001 permite cobrar por parqueaderos en áreas comunes de propiedad horizontal
La práctica de cobrar por el uso de los parqueaderos para visitantes se ha comenzado a implementar en varios conjuntos residenciales y edificios. Esta tarifa ha generado debate y polémica entre los residentes, quienes han manifestado su inconformismo y han optado por buscar asesoría legal para protestar contra los cobros excesivos que en algunas ocasiones establecen los consejos de administración y las administraciones encargadas.
De acuerdo con la Ley 675 de 2001 se establecen los parámetros para la utilización de las zonas comunes en propiedad horizontal. Según esta normativa, los parqueaderos son partes integrales de las áreas comunes y, por lo tanto, es posible establecer una tarifa por su uso. Sin embargo, la ley aclara que este cobro debe ser aprobado durante una asamblea de copropietarios en la que la mayoría de los votantes estén de acuerdo.
El Artículo 72 de dicha ley, que se refiere al aprovechamiento económico de las áreas comunes, señala: “Las actividades que puedan desarrollarse en las áreas comunes de las cuales se derive un aprovechamiento económico podrán ser reglamentadas por la Asamblea de Copropietarios o por la Junta Administradora de las Unidades Inmobiliarias Cerradas y podrá imponérseles el pago de un canon, en condiciones de justicia y equidad…”.
Residentes de diferentes conjuntos han llevado su descontento a instancias legales, buscando que los cobros sean considerados justos y equitativos, y que no representen una carga financiera excesiva, para las personas que visitan las unidades residenciales en ninguna ciudad del país.
Esta situación también resalta la importancia de la participación activa de los propietarios en las asambleas y la necesidad de claridad y transparencia por parte de las administraciones de condominios para evitar conflictos y asegurar que las decisiones tomadas sean en beneficio de la comunidad.
Así mismo, se debe tener en cuenta que en caso de desconocer esta normativa, no es una causal para que no se haga efectivo el cobro de este dinero. En las actas de la asamblea de copropietarios también se debe dejar claro cual será el destino de estos recursos.
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