El lunes 20 de mayo, un inmueble que había sido incautado a narcotraficantes fue entregado al colectivo Justicia Racial por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encarga de administrar, custodiar y disponer de los bienes que han sido decomisados a organizaciones criminales, principalmente relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Así lo confirmó el mismo director del colectivo, Alí Bantú Ashanti, revelando para qué será destinado este espacio: “El colectivo Justicia Racial recibe por parte de la SAE un inmueble donde funcionará la Casa de la Justicia y los Derechos Humanos en Bogotá”.
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El inmueble, ubicado en la Diagonal 60a #3-02, cuenta con una extensión de más de 350 metros cuadrados y, según información conocida por El Espectador, tendría un avalúo catastral de $730,1 millones. El presidente de la SAE, Daniel Rojas, destacó que este espacio servirá para “dignificar los derechos y luchar por la equidad y el respeto de la cultura afrocolombiana”.
Ashanti, entre tanto, enfatizó en que: “Lo que antes nutría a las mafias, hoy son acciones de reparación efectiva”, agradeciendo al presidente Gustavo Petro y a Rojas por su apoyo a esta iniciativa.
Este lugar proporcionará servicios legales y de justicia específicamente a las comunidades afrocolombianas de Bogotá. Además, funcionará como un centro de liderazgo para las organizaciones de estas comunidades, promoviendo una participación activa en las decisiones que las afectan.
El evento de entrega estuvo marcado por la asistencia de varios representantes del colectivo racial que residen en la capital del país, quienes se comprometieron a llevar a cabo acciones transparentes, inclusivas, participativas y responsables.
La SAE destacó que la conversión de estos inmuebles en espacios comunitarios y de servicios públicos representa una forma de reparación y de promover la justicia social. El inmueble no solo será un punto de acceso a servicios legales, sino también un simbolismo de la lucha contra la criminalidad y la corrupción.
Además de ofrecer servicios legales, la Casa de la Justicia y los Derechos Humanos buscará impulsar la toma de decisiones por parte de las comunidades afro, asegurándose de que sus voces sean escuchadas en temas que les afectan directamente. La inauguración de este espacio marca un paso significativo en los esfuerzos por fomentar la equidad y el respeto a los derechos humanos en Colombia.
La SAE, que desempeña un papel crucial en la estrategia del gobierno para atacar las finanzas de las organizaciones criminales y transformar los recursos ilícitos en beneficios para la sociedad, estaría enfrentando problemas financieros y operativos, incluida la falta de un inventario completo de los activos en su poder.
De acuerdo con su director, Daniel Rojas, estos problemas vienen desde antiguas administraciones: “Hemos tenido constantes auditorías de la Contraloría porque hemos tenido demasiadas alertas que día a día estamos tratando de cerrar”, dijo en entrevista con El Espectador.
Para enfrentar estos desafíos, Rojas subrayó la implementación de medidas clave para la mejora de la gestión de estos activos, incluyendo la revisión de los sistemas informáticos de la entidad y la formación de alianzas con instituciones con otras entidades como la Fiscalía General de la Nación.
El funcionario señaló que una de las principales preocupaciones desde su nombramiento ha sido la administración de los bienes incautados. “Ahora, hay un cuello de botella y es que la mayoría de los bienes de la SAE no se ha definido judicialmente la propiedad del bien”, puntualizó el director. Este factor ha generado desafíos significativos en la gestión y entrega de los activos.
En un informe detallado, Rojas explicó al medio citado: “Hicimos un cierre en 2023 que nos arroja cifras: 27.900 bienes inmuebles no sociales, 1.987 sociedades y establecimientos de comercio en aproximadamente 20 sectores de la economía de todos los tamaños y un valor aproximado de los activos de $9,8 billones”.
Agregó: “Todas las cifras son aproximadas porque la Dirección Nacional de Estupefacientes tenía un rezago importante en avalúos. No todos los activos de la SAE están avaluados, entonces no podemos establecer un valor puntual del inventario”.
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