El Consejo de Estado notificó que admitió la demanda de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) contra la norma que otorga estatus político al grupo guerrillero Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, el cual está ad portas de iniciar diálogos de paz con el Gobierno nacional.
La fundación solicitó la nulidad de la Resolución No. 065 del 28 de febrero de 2024, que autoriza la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con la Segunda Marquetalia, debido a infracciones a la Constitución, la Ley 2272 de 2022, falta de competencia y falsa motivación.
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De acuerdo con la organización demandante, una de las condiciones consignadas en el Acuerdo Final de Paz de 2016, es que está prohibido iniciar negociaciones de paz con los miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que nuevamente retomaron las armas.
La demanda fue interpuesta ante el contencioso administrativo el 19 de marzo y hasta el 9 de mayo el Consejo de Estado atendió la admisión de la solicitud, “que tiene como propósito que se declare la nulidad de la actuación gubernamental”.
FEDe solicitó al Consejo de Estado revisar la “legalidad de la resolución presidencial” que instaló la mesa de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, argumentando que esta decisión podría vulnerar el orden constitucional y legal, además de afectar la garantía de no repetición y reparación a las víctimas.
Según la fundación, el acuerdo obliga a los excombatientes a cumplir con sus compromisos, y establece que no podrán participar en nuevas negociaciones de paz si incumplen el trato. Esto fue ratificado por el Congreso de la República en la ley de paz total de 2022. Agrega que la respuesta del Gobierno fue insuficiente ante el anuncio de algunos dirigentes de la Segunda Marquetalia de regresar a las actividades criminales, faltando “de forma grave lo acordado y retornando a la violación de los derechos humanos, las garantías y las libertades de las personas”.
Por esta razón, para FEDe es crucial que el Gobierno nacional respete estas prohibiciones constitucionales y legales. Además, enfatizó en que no se puede otorgar estatus político a este grupo para negociar otro acuerdo de paz.
Por último, señala que la ley de Paz Total clasifica a estos reincidentes como “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto,” con las cuales solo se deberían llevar a cabo procedimientos de sometimiento a la justicia y desmantelamiento, sin establecer nuevos acuerdos de paz.
Gobierno nacional reconoce a tres miembros de la Segunda Marquetalia para la instalación de la mesa de diálogo
Mientras avanza la demanda contra la instalación de esta mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia, se conoció que ya son 12 miembros admitidos por el Gobierno Petro para iniciar las negociaciones de paz.
“La Oficina del consejero Comisionado de Paz recibió de la Segunda Marquetalia una nueva comunicación en la que se enlistan tres personas adicionales que participarán como sus miembros representantes en la Mesa de Diálogos de Paz. Por lo tanto, el Gobierno Nacional, bajo los postulados constitucionales y legales de buena fe y de la confianza legítima de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, les reconocerá la calidad mencionada”, indica la resolución 145 de 2024.
Así las cosas, los miembros de esta facción de las extintas Farc que fueron recientemente reconocidos por el Gobierno Petro son: Diego Fernando Guerrero Segura, María Lizeth Moreno Cantillo y Yuvarniza Romero. Quienes acompañarán en la mesa de diálogo a José Aldinever Sierra, José Vicente Lesmes, William Danilo Malaver, Alberto Cruz Lobo, Geovanny Andrés Rojas, Luis André Figueroa, Allende Perilla, José Darley Malagón y Henry Quiñones. Por esto, a los subversivos les fueron suspendidas las órdenes de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación.
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