Citan a nueva sesión extraordinaria en la Universidad Nacional por petición del rector José Ismael Peña

La Universidad Nacional se encuentra en un momento de tensión por la polémica sobre si es válida o no la designación del nuevo rector. El 10 de mayo se llevará a cabo una sesión extraordinaria por parte de la Secretaría General de la institución. Esta reunión fue solicitada por el rector José Ismael Peña.

El asunto que catapultó esta convocatoria a la primera línea de interés dentro de la comunidad educativa y más allá, es la discusión sobre la posible intervención de la Procuraduría en la construcción de la agenda del Consejo Superior Universitario.

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La sesión extraordinaria no solo decidirá sobre la viabilidad y los términos de esta intervención, también discutirá el estado actual de las acciones judiciales existentes frente al proceso de designación del nuevo rector. Además, el trámite y decisión sobre la renuncia presentada por la representante de los estudiantes.

La comunidad académica y estudiantil aguarda con expectativa los resultados de esta sesión, consciente de que las decisiones tomadas podrían afectar la dinámica interna de la universidad y su proyección a futuro. La sesión de hace unos días que trataría la crisis actual de la institución no se llevó a cabo.

La convocatoria para el Consejo Superior de la Universidad Nacional, prevista para el 7 de mayo, tuvo que ser cancelada debido a la falta de cuórum provocada por la ausencia de cuatro de sus ocho integrantes.

Verónica Botero, parte del Consejo Académico; Diego Torres, delegado estudiantil; Ignacio Mantilla, exrector y representante de este grupo; y Sara Jiménez, también delegada de los estudiantes - que, sin ofrecer explicación para la reciente falta, había renunciado al CSU en abril, aunque su dimisión no ha sido oficialmente aceptada -, fueron los consejeros ausentes.

Con únicamente cuatro miembros presentes para la reunión, de los cuales todos tienen vínculos con el Gobierno -Alejandro Álvarez, viceministro de Educación, representando a la ministra Aurora Vergara; María Alejandra Rojas y Danna Nataly Garzón, ambas asignadas por la Presidencia; junto con Víctor Manuel Moncayo, recientemente escogido por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) y antiguo rector de la entidad-, resultó imposible llevar a cabo las deliberaciones planificadas.

Durante el mismo evento, Diego Torres, quien funge como representante de los profesores, presentó una constancia en la que ponía en duda la legitimidad de la sesión. Además, alertó acerca de las consecuencias jurídicas que podría conllevar la destitución de Peña, sosteniendo que esto iría en contra del marco legal y estatutario vigente en la Universidad Nacional.

“No es aceptable que los suscritos miembros del CSU, deliberen y decidan sobre la situación actual del cargo de rector de la Universidad, lo cual por razones estrictamente legales que anexo al final de esta comunicación, implicaría que participemos en una sesión que podría llevar a una ilegalidad e incluso a un potencial delito por desconocer la designación realizada”, indicó Torres.

También destacó su petición de que el Consejo Superior Universitario (CSU) se abstuviera de sesionar “hasta que la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado no emitan un pronunciamiento sobre las medidas preventivas iniciadas”, argumentando que la continuación de las sesiones podría afectar el curso de estas acciones.

En un añadido, criticó la actitud de la ministra Aurora Vergara por su negativa a ratificar la resolución 046 de 2024, que confirmaría oficialmente el nombramiento de Peña. Atribuyó a esta omisión una contribución al “caos e inestabilidad interna” que atraviesa la universidad.

La crisis de la Universidad Nacional estalló el 2 de mayo, cuando se concretó la designación de José Ismael Peña como rector, decisión avalada por el Consejo Superior Universitario (CSU) el 21 de marzo pero que inauguró diversas controversias, especialmente al no contar con el apoyo de Aurora Vergara, ministra de Educación.

Aunque Peña tomó posesión, el Ministerio de Educación se abstuvo de firmar el acta y el decreto de su nombramiento, argumentando incoherencias entre el acta de designación y el procedimiento de elección, específicamente en discordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 2022, lo que resaltó la ministra como razón para no validar oficialmente el nombramiento hasta que el documento refleje exactamente los procedimientos y decisiones del proceso electoral.