Federico Gutiérrez respondió a condena: “Por cada error de Quintero, me darían cadena perpetua”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recibió esta semana la notificación de que debería enfrentar un arresto de cinco días tras una orden judicial que lo responsabiliza por el impago de la licencia de maternidad a una docente durante la administración anterior, dirigida por Daniel Quintero.

En este asunto que también incluye al secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, se falló que además deberán pagar una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes por este hecho. Esta situación surge a raíz del despido de una profesora en estado de embarazo el 1 de noviembre, una acción llevada a cabo por la gestión pasada.

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La controversia se avivó cuando Gutiérrez criticó vehementemente las acciones del gobierno anterior, sugiriendo que, si se le penalizara por cada error cometido bajo la administración de Quintero, su condena ascendería a cadena perpetua.

“Imagínese donde por cada desastre, por cada cosa mala que hizo la administración anterior... si por cada cosa mala que ellos hicieron me responsabilizan a mí y me dan cinco días de cárcel; si eso suma, me tienen que dar cadena perpetua”, expresó el alcalde Gutiérrez durante una rueda de prensa.

Esta declaración se dio en el contexto de una explicación sobre las acciones que su gobierno ha tomado para corregir el legado problemático que heredaron, incluido el pago inmediato de la licencia de maternidad tras ser notificados de la decisión judicial.

Pese a las adversidades, el gobierno actual encabezado por Gutiérrez asumió la responsabilidad de solucionar los problemas dejados por la administración de Quintero, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones sociales pendientes con los empleados del sector educativo.

La resiliencia de la actual gestión para enfrentar y rectificar estos desafíos refleja un compromiso contundente con el bienestar y los derechos de sus funcionarios. Además de abordar este asunto, Gutiérrez expresó públicamente su descontento con las secuelas que los actos de corrupción han dejado en la ciudad, comprometiéndose a continuar trabajando para mitigar los efectos a largo plazo de tales acciones en Medellín.

En Medellín el alcalde y el secretario de Educación enfrentan orden de arresto por no pagar seguridad social a docente embarazada

Un juez de Medellín dictaminó el arresto y la aplicación de una multa económica contra el alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, debido a la no ejecución de una orden previa que exigía el pago de la seguridad social de salud de una profesora embarazada despedida injustamente durante la administración del entonces alcalde encargado, Óscar Hurtado Pérez.

La disputa legal se inició cuando la docente afectada, quien fungía en un cargo provisional, fue destituida de sus funciones. En respuesta, la educadora presentó una demanda de tutela contra el secretario de Educación y el alcalde de Medellín de ese momento.

Tras la resolución de la tutela el 20 de noviembre de 2023, a favor de la docente, se ordenó el debido pago de la seguridad social. Sin embargo, por el desacato a esta resolución, el juez procedió con la sanción correspondiente hacia los funcionarios actuales, resolviendo en una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales y el mencionado arresto.

Ante la notificación de estas medidas, la Alcaldía de Medellín realizó el pago pendiente de la seguridad social de la docente. Adicionalmente, el gobierno municipal presentó una solicitud ante el Juzgado Diecisiete Penal Municipal de Medellín para que se declare inaplicable tanto la orden de arresto como la imposición de la multa contra Gutiérrez y Patiño.

Esta situación resalta la importancia de cumplir con las resoluciones judiciales y pone de manifiesto los desafíos administrativos que pueden enfrentar las entidades municipales al tener cambios en sus administraciones. La respuesta de la Alcaldía busca mitigar las consecuencias de una supervisión inadecuada que ha derivado en repercusiones legales para los funcionarios actuales.

Este caso enfatiza, además, en la relevancia de garantizar los derechos laborales y de seguridad social de los empleados, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad como lo es una trabajadora embarazada.