Población en Cauca bloqueó la vía panamericana por incumplimientos del Gobierno nacional

En el sector del Céfiro, localizado en la vereda Chontaduro del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, se reporta un bloqueo organizado por familias afectadas por un derrumbe en enero de 2023.

El grupo de damnificados exige al Gobierno nacional una solución inmediata para la reubicación de sus viviendas, debido a que más de un año después no les han dado respuesta desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

De acuerdo con los voceros de las familias afectadas, después de haber sido víctimas por la avalancha que devastó parte de su comunidad, el Gobierno nacional hizo unos compromisos, especialmente el presidente Gustavo Petro, pero a la fecha no los han cumplido.

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Las demandas de los habitantes de la vereda Chontaduro no solo se centran en la necesidad inmediata de encontrar un nuevo hogar seguro donde vivir sino también en la búsqueda de garantías para que su reubicación se realice de manera digna y justa, considerando los graves riesgos que enfrentan en su ubicación actual debido a la inestabilidad del terreno y la posibilidad de futuros deslizamientos o avalanchas.

Según lo expuesto por la comunidad, en total fueron cuatro los acuerdos suscritos por el Gobierno nacional:

• Los compromisos fijados en acta del 11 de marzo de 2023, como logro del bloqueo de movilidad vehicular de la vía panamericana, en Chontaduro Rosas Cauca.
• Los compromisos establecidos en acta del 25 de mayo de 2023, como logro del bloqueo de movilidad vehicular de la vía panamericana, en el Céfiro Rosas Cauca, los días 24 y 25 de mayo de 2023.
• Los compromisos fijados el 11 de febrero de 2024, en la sierra Cauca. Fecha en la que veredas como la Soledad, Portachuelo, Santa Clara y Párraga Viejo se declararon en asamblea permanente.
• Los compromisos fijados el 14 de marzo de 2023, en la vereda de Chontaduro Rosas Cauca, como logro del cierre de movilidad vehicular de la vía panamericana, en el Céfiro Rosas Cauca.

“A la fecha no hay reasentamiento real y efectivo de las familias damnificadas y/o afectadas, y tampoco existen medidas efectivas que permitan menguar la crisis de las personas por falta de sostenibilidad económica, de salud, bienestar y demás necesarias para vivir en condiciones dignas mientras se da el restablecimiento de los derechos. En términos generales, por causa de la destrucción o no habitabilidad de las viviendas, hay las siguientes situaciones”, indicó la comunidad.

Entre los problemas que tienen los afectados por la avalancha están familias reubicadas en predios que no ha comprado el Gobierno nacional, por lo que no se les ha entregado la documentación debida; dueños de fincas donde están reubicados los damnificados, a quienes no les han pagado los predios; familias sin postulación a reubicación porque no han encontrado para suplir el restablecimiento de sus economías; comerciantes porque vivían de la movilidad vehicular de la vía panamericana.

Además, denuncian que hay familias sin subsidio de arrendamiento, por errores en el RUD, porque sus documentos soporte de solicitud no fueron tramitados en debida forma; familias con deudas ante entidades financieras, entre otros.

“La comunidad damnificada, después de 15 meses de extensa espera y el sentir de irrespeto e incumplimiento por parte las entidades ya enunciadas, manifestamos el ultimátum, consistente en que, si hasta las 10:00 a. m. del sábado 13 de abril de 2024, no recibimos hechos formales y contundentes de acciones de gestión y consolidación de los procesos, lamentable y nuevamente la comunidad se ve llamada a acudir a vías de hecho y bloquear el paso vehicular de manera indefinida”, indicó la comunidad a través de un comunicado.