Más problemas para Olmedo López, el mismo de los carrotanques de La Guajira: Procuraduría investiga millonaria compra de mil tanques defectuosos

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Carlos Carrillo, sigue haciendo revelaciones de las irregularidades dentro de esa entidad en su gestión para llevar agua potable hacia La Guajira.

Inicialmente, llegó a indagar el escándalo de los cuarenta carrotanques comprados a la empresa Impoamericana Roger SAS por un valor de 46.800 millones de pesos, que no entregaron ni una gota de agua y quedaron parqueados en la unidad militar del municipio de Uribia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ahora está concentrando su atención en la adquisición de mil tanques de almacenamiento de agua, algunos de los cuales ya tienen daños. De acuerdo con el diario El Tiempo, fueron adquiridos a Suministros y Mantenimientos Suma SAS por 8.490 millones de pesos, con un contrato firmado por el exdirector de la entidad, Olmedo López.

El diario bogotano estableció que esa empresa fue establecida en Neiva, Huila, con 25 millones de pesos en 2019 y que actualmente registra activos por más de 213 millones de pesos. Entre sus actividades están el mantenimiento y reparación de vehículos automotores, de maquinaria y de equipo. También se dedica al comercio de partes, accesorios, lubricantes y productos de limpieza para vehículos.

De acuerdo con el medio mencionado, el objeto del contrato de la Ungrd con esa empresa fue “la adquisición de tanques de reserva de agua potable de 5.000 litros en fibra de vidrio para el departamento de La Guajira en el marco del decreto de desastre nacional, número 2113 de 2022 y sus modificaciones”.

En las especificaciones técnicas se especifica que los tanques deben ser cónicos y con una capacidad para 5.000 litros. Adicionalmente, deben estar reforzados con fibras de vidrio, resinas, poliéster, aditivos, endurecedores, y pintura tipo Gel Coat resistente a rayos UV.

Ante los datos encontrados, El Tiempo se contactó con el propietario de la empresa, Harold Sneider León Claros, quien aseguró que de los mil tanques que se comprometió a entregar ya hizo llegar a La Guajira 169, de los cuales solo 70 presentan “problemas menores”. Según dijo, eso se debe a un problema que hubo con la Policía de carreteras en el viaje.

“Sabemos que en el transporte algunos de los tanques se dañaron, pero son daños mínimos, fisuras, cosas reparables. Lo que pasó fue que la Policía de Carreteras detuvo los camiones que transportaban los tanques e hizo que los bajaran todos para inspeccionar que no llevaran nada ilegal. Fue ahí, cuando los bajaron sin las herramientas necesarias y eso fue lo que produjo los daños”, le dijo a ese medio. “Desde la semana pasada se están tomando medidas correctivas para dar la garantía respectiva y solucionar los inconvenientes que tuvieron los tanques”, añadió.

Así mismo, aseguró que el arreglo de los tanques correrá por cuenta de la empresa y no por cuenta de la Ungrd. “No hemos recibido anticipos del contrato porque no hemos pasado la primera cuenta de cobro”, dijo.

Además, el empresario aseguró no tener ningún tipo de vínculo con Olmedo López ni con el exsubdirector Sneyder Pinilla y que recibió la invitación para postularse a la convocatoria para ganar el contrato a través de correo electrónico. Así mismo, indicó que hay 121 tanques listos, además de los 169 que ya entregó, para completar 290, pero que no los ha podido transportar hacia La Guajira por problemas de seguridad en la zona reportados por la empresa encargada de llevarlos al departamento.

El escándalo de corrupción vinculado a los carrotanques en La Guajira ha sacudido el entramado social y político de la región, poniendo de relieve la vulnerabilidad de las comunidades frente a los abusos de poder. Este caso, más allá de ser un incidente aislado, refleja una problemática profunda en la gestión de recursos y en las dinámicas de corrupción que afectan el desarrollo y el bienestar de la población.

La indignación que suscita entre la ciudadanía es un claro llamado a la acción para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro y asegurar que los recursos sean destinados de manera efectiva a mejorar la vida de las personas más vulnerables.