Así se pueden denunciar los casos de explotación sexual a menores de edad

Con el hecho reciente que involucra a dos niñas de 12 y 13 años como posibles víctimas de explotación sexual en la ciudad de Medellín, es esencial resaltar los mecanismos para enfrentar y prevenir este flagelo que atenta contra los derechos fundamentales de la infancia. Tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) como la Fundación Renacer enfatizan en la importancia de denunciar y aplicar la ley para combatir este delito.

El Código Penal Colombiano establece las sanciones para quienes participen en estos actos. Precisa la gravedad del asunto al imponer penas de 14 a 25 años de prisión al “que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza”, según lo establece la norma.

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Además, la Resolución 3840 de 2009, que detalla las pautas para la efectiva aplicación del código mencionado, establece la obligación de evitar que niños y adolescentes ingresen a hoteles o establecimientos de alojamiento con el propósito de explotación o abuso sexual. Esta normativa también exige informar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como a otras autoridades pertinentes, cualquier información sobre casos de explotación sexual de menores y la existencia de lugares relacionados con esta actividad delictiva.

Según datos del Icbf, desde enero de 2.023 hasta febrero de 2.024 se han registrado 313 casos de violencia sexual, con un preocupante número de casos en regiones como Antioquia, Bogotá, Bolívar y Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación revela que, entre 2020 y 2023, Medellín ha sido escenario de 885 delitos de explotación sexual contra menores.

Frente a esta realidad, la Fundación Renacer, en colaboración con el ICBF, ha brindado atención y apoyo a 342 niños y adolescentes afectados por este flagelo durante el año 2023.

Ante estos alarmantes números, tanto el Icbf como la Fundación Renacer hacen un llamado a la ciudadanía para que informe cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes. Las entidades resaltan la importancia de utilizar los canales de denuncia establecidos, como la línea 123 de la Policía, el 122 de la Fiscalía o la línea nacional 141 del ICBF.

En primer lugar, se recomienda que la denuncia se presente ante la Fiscalía General de la Nación, donde el menor afectado puede estar acompañado por un familiar o un adulto responsable. En caso de falta de acompañamiento, la Fiscalía asignará un Defensor de Familia para asistir al menor durante el proceso.

En segundo lugar, las denuncias pueden ser presentadas en los Centros de Atención a las Víctimas de Agresión Sexual (Caivas), las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las Salas de Atención al Usuario (S.A.U) y las Casas de Justicia. Si no es posible acudir directamente a la Fiscalía, el Icbf y la Fundación Renacer aconsejan dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional del barrio o a la Comisaría de Familia más cercana, quienes canalizarán la denuncia hacia la autoridad competente.

Después de la denuncia, el menor será remitido al Instituto de Medicina Legal para evaluar su estado físico y psicológico. Los Caivas disponen de profesionales médicos para garantizar una atención inmediata y adecuada. Para aquellos que requieran orientación adicional sobre el proceso de denuncia, se sugiere acercarse a la Personería, Defensoría del Pueblo o Consultorios Jurídicos del municipio correspondiente.

Asimismo, se proporcionan referencias legales pertinentes, como la Ley 599 de 2000, artículo 218, que trata sobre el acceso carnal abusivo con menores de 14 años, y la Ley 1236 de 2008, artículo 4, que aumenta las penas en casos de acceso carnal abusivo.