Presidencia explicó por qué calificó como un “antro de corrupción” la política de sustitución de cultivos ilícitos de Santos

La Presidencia de la República respondió a la orden que le había impartido el Consejo de Estado de explicar, en 48 horas, lo dicho por el presidente Gustavo Petro tras tildar como un “antro de corrupción”, la política de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

La cabeza del Ejecutivo debía decidir si accedía a la solicitud de retractación para echar atrás las declaraciones del jefe de Estado o, por el contrario, decida presentar pruebas que sustenten las afirmaciones.

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A través de una carta, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, procedió a explicar los señalamientos hechos por Gustavo Petro hacia el gobierno de su antecesor.

En la misiva enviada a los exministros Rafael Pardo y Eduardo Díaz, bajo referencia de la tutela que interpusieron contra Petro por dichas declaraciones, Sarabia aseguró que durante la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) se presentaron actos contrarios al principio de legalidad y transparencia, que derivaron en actos de corrupción.

“(...) Si bien el PNIS no fue pensado para que fuese un ‘antro de corrupción’, lo real es que la manera en la que se estructuró y se diseñó, le abrió la puerta a ciertas formas de corrupción. El Gobierno del Presidente Gustavo Petro, a través de esta Dirección, ha tomado todas las medidas necesarias para atender la situación”, dice el documento compartido públicamente por el Dapre.

Algunas de las irregularidades que se presentaron en la ejecución de la política, según detalló la carta, fueron: el incumplimiento en la entrega de insumos, visitas técnicas y de monitoreo establecidas en los compromisos contractuales, y la falta de materialización de proyectos productivos paras las familias beneficiarias.

“Esta administración pudo evidenciar que, durante las vigencias comprendidas entre el año 2017 y 2021, se celebraron 9 compromisos contractuales entre convenios y contratos, a través de los cuales se comprometieron recursos cercanos a los $793.000.000.000, de los cuales a la fecha, hay cinco siniestrados, con ocasión de las múltiples, diversas y cuantiosas denuncias de los beneficiarios en relación a los incumplimientos (...)”, se lee en el documento.

Las denuncias con las cuales se ha constatado dichos incumplimientos y posibles actos de corrupción en la ejecución de la política, habrían evidenciado desde diciembre de 2023, “elementos con valores por encima de su valor comercial, entregas de insumos en mal estado, ganado enfermo, maquinaria inservible, sin garantía de cambio y entregas parciales en efectivo simulando la recepción de insumos”.

Lo anterior, de acuerdo con el Gobierno Petro, ha generado en las comunidades “una total desconfianza en el programa y las políticas de sustitución, y un descontento que se evidencia en los reclamos por el real cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado; razón por ello, esta Dirección ha venido implementando un seguimiento a los temas contractuales y ha fortalecido la vigilancia de los mismos”.

Como parte de lo que el Gobierno actual ha hecho para remediar las irregularidades presentadas en la política de sustitución de cultivos ilícitos, el Dapre afirmó que se ha promovido, a partir de la Ley del Plan de Desarrollo, “la posibilidad de que los beneficiarios del Programa puedan renegociar la operación de los proyectos productivos de manera que se adecúe a sus nuevas condiciones sociales y económicas”.

De acuerdo con Laura Sarabia: “El proyecto de inversión para asegurar los recursos necesarios para implementar la totalidad del programa, se fortaleció con la apropiación de la totalidad de los recursos el pasado mes de septiembre”.

Agregó: “Sumado a esto, este gobierno recuperó un componente esencial para la sustitución de cultivos que el PNIS desconoció: la gradualidad, que es la necesidad de que los cultivadores tengan como soporte el cumplimiento previo de los compromisos del Estado, en lugar de obligar a las comunidades a abandonar su sustento y vivir en la incertidumbre”.