Martha Mancera hizo “truco” para proteger a un cercano del exfiscal Barbosa en el caso de los pasaportes

Apenas una semana después de asumir como fiscal encargada, Martha Mancera firmó una resolución que reasignó el caso de los pasaportes. Según conoció la revista Cambio, este expediente, inicialmente a cargo de un fiscal especializado contra la corrupción, fue transferido a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que había sido posesionada en dicho cargo tan solo cuatro meses antes.

Según le dijeron fuentes cercanas a la investigación al medio referido, la jugada de Mancera buscaba controlar las decisiones del caso para proteger al presunto responsable de irregularidades en el contrato por beneficiar a la firma Thomas Greg & Sons en la licitación. Este individuo clave sería el primer llamado a interrogatorio y vinculado al proceso por el cual inició toda la novela de la licitación de pasaportes.

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El funcionario en cuestión es José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería y encargado de la licitación. Salazar fue apartado de sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores a principios de marzo por orden del ahora suspendido canciller, Álvaro Leyva, declarando el proceso desierto debido a violaciones al principio de igualdad y equidad en la participación de los oferentes.

Y es que según la investigación de Cambio, existen supuestas conexiones políticas entre Salazar y Francisco Barbosa, pues el exsecretario de la cancillería habría sido una de las personas encargada de hacer lobby en la Corte Suprema, a favor de que Barbosa ocupara el cargo de fiscal General en 2020. De hecho, Salazar es hermano de uno de los exmagistrados que votó por Barbosa: Ariel Salazar. Cabe recordar que hace cuatro años la Sala Plena del alto tribunal estaba integrada exactamente por el número mínimo de magistrados necesarios para tomar una decisión.

Sin embargo, la decisión de Mancera de reasignar el caso ha generado interrogantes y críticas. La resolución argumenta la necesidad de mantener una unidad procesal por la presunta responsabilidad penal del canciller suspendido, Álvaro Leyva.

El Gobierno acusó a Salazar de cuatro delitos ante la Fiscalía

El pasado 20 de marzo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) pidió que se abrá investigación a las acciones del exsecretario de la Cancillería, que otorgó la licitación de los pasaportes a Thomas Greg. Según esta entidad del Gobierno, habría incurrido en presunta falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y abuso de función pública. Las autoridades aseguran que llevarán estas acusaciones hasta las últimas consecuencias.

Según el concepto emitido por la Agencia, Salazar habría cometido estos cuatro delitos al favorecer unilateralmente a la empresa responsable de la producción de pasaportes en el país, sin contar con la autorización correspondiente del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.

El documento señala que Salazar emitió un acto administrativo sin tener la competencia funcional para hacerlo, ya que no contaba con la delegación de facultades por parte del titular de la Cancillería. Sin embargo, la misma cancillería había emitido un comunicado días anteriores en el que designa a la secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores encargarse del tema de los pasaportes. El documento de la Andje también indica que el contenido de estos actos administrativos contradice abiertamente el derecho establecido.

Además, de acuerdo con el informe de las especificaciones técnicas para la expedición de pasaportes en Colombia, se recomienda no pedir ejemplares del documento como modelos a los proveedores que participan en la licitación: “No son motivo de exámenes ya que ningún proveedor (excepto el actual) podrá dar especímenes finales, por lo tanto se favorecerá al actual proveedor”, dice el documento.

No obstante, el periodista Daniel Coronel reveló que en el concurso de licitación en el que Salazar admitió como ganador a la firma Thomas Greg & Sons sí impuso como requisito la presentación de un pasaporte modelo. Esto en el contexto que esa firma ha sido la encargada de expedir los pasaportes desde hace aproximadamente 30 años.

Es importante destacar que en julio de 2023, la Cancillería ya había solicitado una investigación sobre presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes, siendo el mismo José Antonio Salazar, en calidad de secretario general encargado, quien presentó la solicitud. Esta se justificaba en cuestionamientos a los criterios técnicos y objetivos tenidos en cuenta para la elaboración de pliego de condiciones en la licitación.