
El 24 de enero de 2023 la Procuraduría general de la nación dio a conocer una suspensión provisional por tres meses contra el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, ya que el jefe de cartera habría sido responsable de dos faltas mientras se generó el proceso de licitación para la producción de pasaportes, el cual fue declarado desierto pese a que la empresa Thomas Greg cumplió con los requisitos para ganar el concurso.
Tras la decisión del canciller, la compañía perjudicada interpuso una millonaria demanda contra el Estado, por lo que el Ministerio Público tomó la decisión de suspensión contra Leyva; sin embargo, el ministro hizo caso omiso y continuó con sus labores al frente de la cartera de Estado durante trece días tras el veredicto de la entidad y llevó a cabo la firma masiva de documentos oficiales.
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En total fueron 14 los decretos que firmó el canciller pese a que tanto él, como el presidente Gustavo Petro estaban notificados de la destitución provisional.
Entre los documentos suscritos por Álvaro Leyva había nombramientos, remociones de cargos y traslados de diplomáticos del ministerio de Relaciones Exteriores en otros países.

Solo el 30 de enero el ministro firmó doce decretos, entre los que se destaca la designación de provisionalidad de Alfredo Molano Jimeno como el consejero de Relaciones Exteriores de la embajada de Colombia en México; también determinó que Juan José Quintana Aranguren, embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Gobierno de Paraguay, debía ser el embajador alterno ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Así mismo Óscar Ricardo Aristizábal Ferreira fue designado durante cuatro años cónsul honorario en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, en Brasil; David Julián Jara Moreno, fue asignado como primer secretario de Relaciones Exteriores en la Misión Permanente ante la ONU, en Ginebra (Suiza).
También Sandra Lorena Arboleda Zarate, por orden de Leyva, pasó de ser consejera adscrita al consulado General de Colombia en Caracas (Venezuela), a ser la cónsul de Colombia en San Francisco (Estados Unidos); y José Daniel de Jong, tercer secretario de Relaciones Exteriores adscrito al consulado General de Colombia en Lima (Perú) pasó a ejercer funciones de vicecónsul en Lima.
Otro de los nombramientos más sonados que hizo el canciller, mientras estuvo suspendido, fue el de Armando Benedetti como el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El decreto fue firmado por Leyva el martes 6 de febrero y en la mañana (de Colombia) del jueves 8 el polémico exembajador ante Venezuela tomó posesión en Roma (Italia).
Álvaro Leyva también suscribió un documento ante el Congreso de la República después de haber sido notificado por la Procuraduría. Se trata de un cuestionario enviado por el parlamento al ministerio justamente pidiendo explicaciones por el resultado de la licitación de los pasaportes que terminó en la demanda por $117.000 millones de pesos que interpuso Thomas Greg al Estado. El documento fue radicado el 26 de enero ante el Congreso, solo dos días después de que la Procuraduría suspendiera al canciller.
Tras quince días de conocer la decisión del Ministerio Publico Leyva decidió apartarse de su cargo, al parecer por una nueva investigación en su contra abierta por la Procuraduría por desacato.
En el nuevo proceso abierto por el ente de control, se ratificó la suspensión contra Leyva y se compulsaron copias a la Fiscalía para que investigara si el canciller había incurrido en algún delito al momento de declarar desierta la licitación de los pasaportes.
“La Procuraduría compulsó copias de la actuación disciplinaria a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el posible comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad”, indicaron desde el Ministerio Público.
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