
Gestarsalud, el gremio de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, que agrupa al régimen contributivo, hizo un llamado al Congreso de la República para que revise dos aspectos clave dentro del proyecto de ley con el que el Gobierno de Gustavo Petro pretende hacer una reforma al sistema de salud colombiano.
En primer lugar, se refirió a la transición de las EPS a Gestoras, pidiendo que en el texto quede reflejado que tendrán las mismas funciones, excepto el manejo de la tesorería.
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Como segundo punto, insistieron en que se revisen las funciones que tendrían los Centros de Atención Primaria en Salud, Caps. “La base de la reforma son los CAPS, y por eso es necesario que queden bien definidas, que sean altamente resolutivos, que se concentren en la labor esencial de la prestación del servicio de salud y que no tengan cargas administrativas tal como hoy está escrito en el proyecto de Ley”, dijo al respecto Carmen Eugenia Dávila, directora del gremio, en medio de una audiencia pública a la reforma, que tuvo lugar en Villavicencio.
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La líder gremial aseveró que la reforma a la salud avanza en su tercer debate y es crucial aterrizar la discusión en los procesos operativos: “Debemos mejorar el articulado para evitar dificultades en el acceso a la salud por falta de claridad”.
¿Qué son los Caps y cómo funcionarían?
Los promotores de la reforma a la salud los definen como la “puerta de entrada de la población al sistema de salud”, pues allí los pacientes recibirán los servicios básicos antes de ―en caso de ser necesario― ser remitidos a un médico especialista.
Prestarán la atención a través de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), los servicios y las tecnologías para la salud y la prevención, y la coordinación regional de las redes de atención.
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La idea que tiene la reforma es que los colombianos puedan encontrar un CAP por cada 25.000 habitantes y que se puedan inscribir en el más cercano a su lugar de residencia. En caso en que los pacientes necesiten atención especializada, deberán ser remitidos a centros de mediana y alta complejidad públicos, privados o mixtos que estén vinculados a su red.

Con esta nueva figura, el Gobierno nacional espera poder garantizar la atención primaria en salud y que se empiecen a construir redes integrales frente a los servicios que hospitales, clínicas y centros de hospitalización públicos y privados deben garantizar de manera oportuna.
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La mayoría de estos centros serían públicos, sobre todo en las zonas del país donde actualmente la atención presenta dificultades y deficiencias. Los alcaldes tendrían la tarea de, en primer lugar, ser quienes definan dónde serán instalados los Caps, priorizando las zonas de más bajos recursos; y en segundo lugar, organizar las redes territoriales prestadoras del servicio, con el fin de que cese la competencia entre el sector público y el privado, buscando que entre ambos sectores se complementen.

Si el proyecto de ley llegara a ser exitoso, lo que pretende el Gobierno es que se cree un sistema médico enfocado en la atención primaria y la prevención, con una revisión rutinaria y permanente a las familias, para que el país logre una detección y prevención temprana de enfermedades, que serían atendidas en su fase más temprana.
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Según le dijo al diario El Tiempo Pedro Santana, vocero de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, “todas las personas y las familias se podrán registrar en estos centros y quienes requieran atención especializada serán remitidos a los centros de mediana y alta complejidad para que sean atendidos oportunamente”.
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