Corte Constitucional señaló un bajo cumplimiento en los pagos a las EPS por parte del Gobierno nacional

La sala de seguimiento a la sentencia 760 de 2008 de la Corte Constitucional ha emitido un auto reciente en el cual ordena al Ministerio de Salud llevar a cabo una revisión de los presupuestos máximos destinados a las EPS, de acuerdo con una publicación de la emisora colombiana la W Radio,

Establece un plazo de 45 días, a partir de la notificación, para que se realicen los ajustes correspondientes para la vigencia del año 2021.

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Además, la decisión insta al Ministerio de Salud a elaborar un cronograma detallado en el mismo periodo. Este cronograma deberá establecer las acciones necesarias para reconocer y pagar los montos pendientes durante la vigencia del año 2022.

Asimismo, en un plazo de 30 días, se espera que se emita y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2023, en caso de que aún no se haya realizado.

La sala reitera la solicitud a la Contraloría para que verifique la adecuada destinación de los recursos del sistema de salud por parte de las EPS. Se destaca la importancia de determinar un nexo causal entre el detrimento patrimonial de estas entidades y los valores asignados por los presupuestos máximos, evaluando si la insuficiencia de dichos valores ha contribuido al detrimento. Se solicita un informe semestral sobre las acciones realizadas.

Finalmente, la sala de seguimiento señala un progreso insuficiente en la fijación y ajuste de los presupuestos, así como retrasos en los pagos correspondientes a la sentencia.

Federico Gutiérrez denunció que el Gobierno no es cumplido con las EPS

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo serias aseveraciones sobre la situación de salud en Colombia, asegurando que el Gobierno no paga cumplidamente porque pretende ahogar financieramente a las EPS.

De acuerdo con Gutiérrez, con los “incumplimientos” el Gobierno de Gustavo Petro estaría poniendo en riesgo el sistema de salud: “Hay algo fundamental y quiero decirle al Gobierno Nacional que no siga ahogando a las EPS, como se están ahogando a las EPS, están poniendo en riesgo a los usuarios del sistema y se trata de la vida de la gente”.

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El alcalde dio las declaraciones luego de una reunión con los socios de la EPS público-privada Savia Salud, realizada en la tarde del miércoles 31 de enero, en donde enfatizó en que los presuntos retrasos en los pagos se debe a retaliaciones del Gobierno porque “vía ley no pudieron acabar las EPS”:

“Claro, como vía ley no pudieron acabar las EPS, lo que están haciendo es que las están ahogando financieramente, ¿qué pasa con eso? No se le paga cumplidamente a las clínicas ni a los hospitales, tanto públicos como privados”, según reseñó RCN Radio.

El mandatario de los medellinenses recalcó que los gobiernos municipales anteriores dejaron en una grave situación la EPS Savia Salud, debido a que en 2019 quedó con utilidades por $129.000 millones y ahora está en quiebra e intervenida por la Superintendencia de Salud. Sostuvo que son más de 1′700.000 usuarios de escasos recursos los que se benefician de los servicios de Savia Salud.

“Yo sí tengo que dejar algo muy claro, es que el desastre en el que dejaron a Savia no tiene presentación y aquí hay una responsabilidad grande de los gobiernos anteriores en términos de administración municipal de Medellín y gobernación de Antioquia”, enfatizó Gutiérrez, en declaraciones reseñadas por Caracol Radio.

Cabe recordar que en junio de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud intervino la EPS Savia Salud, una de las de mayor cobertura en Antioquia, ya que presentaba una serie de falencias e irregularidades en el manejo de los recursos públicos y en la prestación del servicio.

“Durante el seguimiento y la evaluación al funcionamiento de Savia Salud, con corte al pasado mes de marzo, se evidenció el aumento en las quejas de los usuarios de la EPS ante la Supersalud, relacionados principalmente con la falta de oportunidad en la asignación de consultas médicas especializadas, barreras en la entrega de medicamentos y la dificultad para acceder a servicios de imagenología”, informó la Superintendencia en su momento, a través de un comunicado.

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