Un largo proceso judicial ha concluido con la decisión del juez 4 Penal del Circuito de Santa Marta, quien falló en contra del dueño y algunos directivos de hotel Irotama Resort.
De acuerdo con la información de la defensa del afectado, Jorge Díaz Jacded, se determinó un fallo condenatorio contra Héctor Mario Díaz, propietario del resort, y sus colaboradores, por los delitos de fraude procesal y falso testimonio. De modo que la decisión judicial cierra con un proceso que se extendió por más de siete años y que ha tenido en vilo tanto a la industria turística local como a la justicia colombiana.
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Según la información que también publicó Semana, el caso se centró en las acciones emprendidas por el dueño del Irotama y su equipo legal y administrativo, dirigidas a obstaculizar la construcción de un nuevo proyecto hotelero liderado por Jorge Díaz Jacded. Este, en 2004 habría adquirido un terreno adyacente al emblemático hotel, con la esperanza de ampliar la oferta de alojamiento en la región.
Así operaron los directivos de Irotama en contra de la competencia
A través de una serie de denuncias presuntamente calumniosas y el uso de testimonios falsos, el equipo directivo intentó infructuosamente impugnar la licencia de construcción del nuevo emprendimiento, alegando, entre otras cosas, que no se había efectuado la debida notificación pública de dicho proyecto.
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“Esta condena se produjo porque el personal del Irotama mintió ante la Fiscalía”, reveló a Semana una fuente cercana al caso, quien agregó que la estrategia buscaba “poner palos en la rueda al hotel que quería construir Díaz Jacded”.
De acuerdo con un informe del medio local Seguimiento publicado en 2028, las maniobras que habría usado Irotama para evitar que Díaz Jacded procediera con su construcción habría incluido el cierre de la entrada al terreno de su propiedad, a través del adueñamiento de la vía pública. Así, como reportó el portal informativo, “al propietario del lote le tocaba pedir permiso al hotel para poder entrar a su propiedad”, porque Irotama había instalado una garita en la vía de acceso a todos los predios. Esto significaba la vulneración al derecho de la libre circulación del hombre.
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Pero no solo eso, también habrían intentado de forma exitosa hacerle revocar su licencia de construcción. No obstante, en 2011, en la Alcaldía se conoció la vulneración de los derechos de Jacded, de manera que, entre la alcaldía de Juan Pablo Díaz Granados y Pablo Caicedo, se logró reconocer que la licencia había sido revocada ilegalmente. Además ordenaron demoler no solo la garita de seguridad, también algunos muros que Irotama había levantado.
Además, durante el litigio se evidenció que los testimonios de empleados y directivos del hotel se trataban de declaraciones extrajudiciales en contra de la construcción vecina a cargo de la empresa Hecol Ltda. Estos testigos acusaban a Díaz de infringir las normas de construcción.
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No obstante, la misma Fiscalía sugirió, en su momento las declaraciones podrían haber sido manipuladas o prediseñadas con el objetivo de perjudicar el proyecto de Díaz.
De tal manera, Margarita Perdomo, exdirectora jurídica de Irotama, junto a los exempleados Carmen Parra, José Alfredo Noche y Rubén Sossa, figuraron también entre los condenados, pues cumplieron roles clave en la trama ejecutada para frenar la competencia.
Según un comunicado que expidió el abogado de Jacded, Juan David Riveros Barragán, “El día 30 del enero del año 2024, después de varios años de discusiones jurídicas, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad de Santa Marta, anunció, en audiencia pública, el sentido del fallo, el cual fue de carácter CONDENATORIO. El funcionario judicial encontró responsables penalmente a los ciudadanos HECTOR MARIO DÍAZ y MARGARITA PERDOMO por el delito de fraude procesal y a CARMEN PARRA, JOSÉ ALFREDO NOCHE y RUBÉN SOSSA por el delito de falso testimonio”.
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Ahora bien, el actual fallo condenatorio en favor del afectado, estableció que este sí había sido vulnerado de sus derechos. A pesar de las acciones dilatorias, el juzgado determinó claramente que la licencia de construcción había sido expuesta públicamente y era visible para todos los transeúntes y residentes locales, y desmontó así una de las principales acusaciones vertidas contra el proyecto de Díaz Jacded.
Por ahora no se conocen las medidas de aseguramiento imputadas a los sindicados.
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