
La Cónsul General de Colombia en La Paz, Bolivia, Piedad Lucía Ramírez Ariza, estaría enfrentando una indagación a razón de la expedición de visados que no habrían cumplido con los criterios establecidos, lo que ha suscitado preocupaciones dentro de la Cancillería, según reportó Semana.
Al parecer, las autoridades migratorias, con la supervisión de la cartera diplomática, estarían revisando los errores en la emisión de al menos cuatro visas de estadía corta a extranjeros que no satisfacían los requisitos mínimos y presentaron documentación fraudulenta, de acuerdo con la investigación.
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Ramírez Ariza, quien es un perfil político estrechamente vinculado al presidente Gustavo Petro y ha desempeñado roles previos dentro del gobierno, tomó posesión de su cargo consular el 8 de marzo de 2023.
Sin embargo, se conoce que su nombramiento fue objeto de controversia debido a su aparente falta de experiencia en los cargos diplomáticos y en el ejercicio de la política exterior. Esta circunstancia se ha conectado con los recientes fallos en la expedición de las visas detectados en el consulado que preside.
En línea con lo que publicó el mencionado medio periodístico, en uno de los casos, autoridades migratorias revelaron que Migración Colombia descubrió que uno de los solicitantes era un ciudadano chino que intentó ingresar a Colombia sin ser residente en Bolivia, indicativo de un posible fallo por parte de Ramírez Ariza, quien al ser cuestionada se escudó en la falta de personal y la sobrecarga de trabajo en el consulado, según informó el portal informativo.
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Al respecto, la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina Jurídica Interna están llevando a cabo una investigación para esclarecer los detalles detrás de la concesión de estas visas.
Entidades diplomáticas colombianas en investigación
Asimismo, las autoridades han aseverado que se prevé trasladar los hallazgos a entidades de control para que Ramírez asuma responsabilidades penales y disciplinarias.
De tal manera, como se leyó en el artículo de Semana, la Cancillería y Migración Colombia han intensificado las comunicaciones y medidas para prevenir que se repitan sucesos de esta índole, lo que habría resultado en estudios para proponer cambios en las resoluciones de requisitos para visado.
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Aun así, el medio mencionado indicó que el Ministerio de Exteriores ha efectuado un llamado de atención a Ramírez Ariza, en vista de los riesgos potenciales que pueden resultar en problemas migratorios mayores. Sin embargo, la respuesta de la servidora apuntó a la falta de revisión de la residencia de los solicitantes, y la falta de “experticia” para determinar qué tan genuinos eran los documentos, según lo que publicó el medio.

A pesar de afirmar que continúan siguiendo “el principio de buena fe del solicitante”, reconocen la detección de irregularidades bajo dos circunstancias: el uso de visas falsas no expedidas por el Estado colombiano y la presentación de visas basadas en documentación fraudulenta por parte de extranjeros.
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Como consecuencia, las visas que fueron expedidas con el aval de Piedad Ramírez habrían sido canceladas. La cartera de Relaciones Exteriores, a su vez, ha resaltado que los incidentes detectados no representan un porcentaje significativo frente al volumen total de visas emitidas.
Pese a las circunstancias, no se obtuvo respuesta de la cónsul Ramírez Ariza.
Instituciones, preocupadas por la situación migratoria del país
Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, informó sobre una alarmante escalada en la crisis migratoria en Colombia, con un incremento notable del 99% en el flujo de migrantes en tránsito que ingresaron al país comparado entre el 2022 y 2023.
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Según datos revelados, solo a través del Tapón del Darién se desplazaron alrededor de 248.000 personas hacia Panamá en 2022, cifra que se ha duplicado a cerca de 500.000 en el año precedente.
Cabello Blanco resaltó la influencia negativa de grupos armados ilegales y agencias de viajes ilegítimas en el tráfico de migrantes, actividades que implican graves violaciones de derechos humanos, como abusos sexuales y esclavitud.
Expresó preocupación ante la presunta falta de liderazgo y eficacia por parte del Gobierno nacional y enfatizó: “Si no encontramos oídos que nos escuchen, ojos que nos observen y atención a nuestras reclamaciones, no dudaremos en seguir iniciando la acción disciplinaria a que haya lugar.”.
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