En la noche del jueves 14 de diciembre de 2023, las autoridades procedieron a la captura del senador Ciro Ramírez, miembro del Centro Democrático, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el congresista enfrentará cargos por presuntamente participar en los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

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Las irregularidades se centran en un acuerdo interadministrativo suscrito en 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social y la entidad Proyecta. La pesquisa, que se inició en junio de 2023, indica que Ciro Ramírez habría intervenido de manera indebida en más de diez contratos, manipulando la adjudicación de proyectos en los departamentos de Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Estos hechos se habrían dado durante dos años: de finales de 2020 a finales de 2022, cuando el congresista favorecía a ciertas empresas a cambio de pagos.

Según información de la Gobernación del Quindío, Proyecta es una empresa para el desarrollo de los territorios y habría ejecutado obras de infraestructura en varios departamentos de Colombia. En febrero de 2022 fue encargada de la construcción de cerca de dos kilómetros de placa huella en el sector productivo de la vereda Remolinos, sector rural de Calima, municipio del Valle del Cauca.

De hecho, Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, indicó que Ciro Ramírez había recibido coimas de entre el 10 y 15% por cada contrato (con lo que habría ganado más de mil millones de pesos) y había sugerido contratistas en varios proyectos, según conoció la W Radio. Herrera también fue capturado, en junio del 2022, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos.

Ciro Ramírez sería uno de los integrantes del entramado de corrupción conocido como Las Marionetas, que fue liderado por el fallecido congresista del Partido Liberal Mario Castaño. El exsenador liberal murió recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, por un paro cardíaco.

Las indagaciones revelan que las irregularidades identificadas con esta red de contratación ilegal ascienden a más de setenta mil millones de pesos. Mientras que la Procuraduría General de la Nación ya había estimado que los contratos por los cuales Ramírez enfrenta medidas de aseguramiento superan nueve mil millones de pesos.

El caso se expandió y recientemente, en octubre, habían sido capturadas otras dos personas, entre ellas Katherine Rivera, quien desempeñó funciones en la Unidad Técnica Legislativa (UTL) de Ramírez en el congreso. En octubre, Rivera fue imputada junto al contratista Anderson González por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Ninguno de los acusados aceptó los cargos presentados en su contra. Con esto se estableció que Rivera habría formado parte de la estructura ilegal que organizó actividades irregulares en municipios del Tolima.

Las pruebas de la Corte Suprema contra Ciro Ramírez

El órgano judicial, según cita Blu Radio, ha revelado detalles fundamentales de la investigación en curso contra Ciro Ramírez, basándose en las siguientes pruebas:

• Grabaciones telefónicas: evidencia en audio en la que Ramírez discute la adjudicación de contratos, proporcionando indicios sobre su participación en decisiones contractuales.
• Declaraciones de testigos: testimonios de personas que afirman que el senador recibió sobornos por parte de empresas contratistas, arrojando luz sobre posibles prácticas ilícitas en su desempeño.
• Documentos que lo incriminan: estos papeles confirmarían que Ramírez había utilizado su influencia política para favorecer a ciertas empresas contratistas.

La Corte Suprema subrayó que, según las pruebas recopiladas, Ramírez habría aprovechado su cargo de senador para ejercer presión sobre funcionarios públicos, instándolos a adjudicar contratos a las empresas vinculadas a sus intereses personales. Estos hallazgos sugieren una posible manipulación de la esfera pública en beneficio propio, lo que refuerza las acusaciones en su contra.

El delito de concierto para delinquir, uno de los que tendría que enfrentar Ramírez, está tipificado en el artículo 340 del Código Penal y se define como el hecho de que “varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos”. Este tiene de 48 a 108 meses de cárcel.

El cohecho propio es comúnmente conocido como soborno. Se trata de proporcionar dinero u otro tipo de beneficio a funcionarios públicos con el propósito de conseguir llevar a cabo o abstenerse de realizar una determinada tarea: la pena es de entre 80 a 144 meses de prisión. Por último, el interés indebido en la celebración de contratos da una pena entre 64 y 216 meses de cárcel al funcionario que busque sacar provecho propio de un contrato en ejerciendo su cargo.