En un centro de reclusión para menores en Bogotá, la fuga, en extrañas circunstancias, de 146 jóvenes ha puesto en alerta a las autoridades locales y nacionales. Los hechos ocurrieron a principios de diciembre, cuando un grupo de menores, implicados en delitos de homicidio, hurto agravado, secuestro, extorción entre otros delitos graves, escaparon del Centro de Atención Especial El Redentor.
Cabe destacar que de los fugados, solo dos han sido recapturados hasta el momento, mientras que continúan las operaciones de búsqueda del resto de los prófugos.
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Frente a esta situación, la vocera de los jueces de menores y adolescentes de Bogotá, María Isabel Ferrer, a cargo del juzgado tercero de conocimiento, sospecha que un funcionario del lugar podría haber facilitado la huida. Esta versión, todavía no ha sido confirmada oficialmente, por lo que está siendo investigada.
De igual forma, el inconformismo por parte de algunos menores frente a cambios introducidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, habría desencadenado el incidente que ahora cuestiona la seguridad de las instalaciones y a su vez pone en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos.
“Los muchachos se revelaron y se evadieron algunos, pero también hubo un cambio de operador por parte del ICBF. Se tiene información extraoficial de que dicho operador abrió las puertas para que esos jóvenes se salieran”, señaló María Isabel Ferrer para Noticias Caracol.
Ante lo sucedido, la jueza hizo una contundente petición: “Que se investigue a los operadores y los docentes que les abrieron las puertas a los adolescentes porque cometieron un delito grave”.
Por otro lado, Andrés Nieto, secretario de seguridad de la ciudad, ha reclamado apoyo al Gobierno nacional para desarrollar políticas de rehabilitación integral para los menores infractores. Asimismo, abordó la controversia sobre la no aceptación del nuevo centro ‘Campo Verde’ en Bosa por parte del ICBF.
Al respecto, Nieto argumenta que dicho centro mejoraría el control y seguridad de menores que cometen delitos graves. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha expresado que “Los niños no deberían ir presos”, lo que ha generado debate en la esfera pública y política.
La jueza Ferrer también se refirió sobre la postura del Gobierno explicando que, “si bien el presidente de la República dice que no deben ser privados, hay que aclarar que nuestra jurisdicción no conoce delitos o infracciones de niños, sino de adolescentes. Nuestra jurisdicción está dirigida a jóvenes entre 14 y 18 años. La ley prevé, en el Código y Infancia y Adolescencia, que hay ciertos delitos graves que deben ser privados de libertad. Delitos como homicidio, secuestros, delitos contra la integridad y formación sexual, extorsión, concierto para delinquir”, puntualizó María Isabel Ferrer.
En respuesta, la alcaldesa Claudia López destacó que la legislación actual permite la restricción de libertad para menores que cometan delitos serios, pero siempre en un contexto de justicia restaurativa juvenil y no en cárceles convencionales.
Esta compleja situación refleja tensiones entre diferentes enfoques para manejar la delincuencia juvenil. Por su parte, el ICBF sigue adelante con la investigación sobre la fuga del Centro El Redentor y las medidas a seguir para evitar futuros incidentes.
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