Cargos a cinco miembros del antiguo Esmad por uso inadecuado de munición Venom en Popayán

El mayor Wilmer Sandoval Montaño, el teniente Julian David Sierra Gómez y los patrulleros Nilson Javier Valverde Caicedo y Oscar Eduardo Robayo Echeverry, integrantes del antiguo Escuadrón Movil Antidisturbios (Esmad), están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el uso de munición no letal durante el paro nacional de 2021. El ente de inspección profirió pliego de cargos en contra de los cinco efectivos.

Al parecer, los uniformados estarían implicados en el manejo inadecuado de la munición Venom en manifestaciones, el 12 de mayo de 2021 en Popayán (Cauca). El organismo de control y vigilancia tiene información en la que se señala al patrullero Valverde Caicedo de haber hecho uso del dispositivo, aunque no tenía permiso para ello y tampoco hacía parte de sus funciones. El patrullero también habría alterado el ángulo de disparo al ubicar su bota debajo de la base del dispositivo, algo que no está permitido.

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El Ministerio Público logró determinar que el patrullero Robayo Echeverry era el único facultado y autorizado para accionar el lanzador múltiple eléctrico, sin embargo, se le investiga por presuntamente haber permitido que su compañero Valverde Caicedo lo usara en contra de los manifestantes de una manera “indiscriminada”.

Mientras tanto, se estudia la conducta del teniente Sierra Gómez, para verificar si en algún momento dio permiso a personal no capacitado para utilizar la munición no letal Venom. El mayor Sandoval Montaño es investigado por presunta negligencia debido a que, al parecer, no contaba con toda la reglamentación para el equipo del antiguo Esmad, hoy llamado Unidad del Diálogo y el Mantenimiento del Orden (Undmo).

Denuncias de usuarios de redes sociales conocidas en mayo de 2021 evidenciarían que, en efecto, integrantes del escuadrón habrían utilizado de manera inadecuada el artefacto, por lo que se pudo haber herido a algún manifestante. Así lo confirmó el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que expuso en su momento el análisis que se hizo de uno de los videos divulgados.

Este artefacto de gran capacidad es utilizado para disuadir y contiene cartuchos de caucho que detonan en rangos de 100 o 200 metros, de acuerdo con la compañía Vimad Global Services, dedicada a la distribución de este tipo de lanzadores. No obstante, según explicó en 2021 el Ministerio de Defensa, el lanzador del escuadrón tenía 10 cartuchos metálicos que disparaban a 150 metros de distancia, en un ángulo de 45 grados.

Ciudadanos molestos por estos hechos instauraron una tutela en contra de la Policía de Popayán y del antiguo Esmad, para que sus “derechos fundamentales a la vida, integridad física y personal, seguridad personal, convivencia pacífica, la paz, la salud y medio ambiente” fueran garantizados.

El resultado de su petición fue una sentencia proferida por la jueza Jenny Ximena Cuetia, que ordenó suspender el uso del lanzador múltiple eléctrico de manera inmediata en cualquier zona de la ciudad de Popayán. Asimismo, ordenó que se elaborara un protocolo específico del dispositivo en cuestión para que quienes lo manipulen en escenarios futuros sepan cómo hacerlo.

Estableció incluir la manera adecuada en que debería ser usado: en plataformas no tripuladas o en vehículos terrestres; no en el suelo, como al parecer sucedió en el paro nacional. Asimismo, ordenó que los efectivos del antiguo Esmad de la ciudad fueran capacitados y debidamente acreditados. Al exalcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón le pidió supervisar que el dispositivo Venom no fuera utilizado hasta que las autoridades cumplieran con lo proferido en la sentencia.