EPS insisten en que todavía no se sabe de dónde saldrá la plata para la reforma a la salud: debe quedar claro quién asume el costo financiero

Luego de que el Ministerio de Hacienda publicara el costo que representará para el país la reforma a la salud que pretende el Gobierno de Gustavo Petro, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, hizo un llamado a la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley, que justamente está siendo debatido en esa corporación.

Para la asociación no quedaron claros varios puntos en el documento presentado por el Ministerio, por lo que le piden a la Cámara que tenga en cuenta los siguientes factores para seguir adelante con la discusión:

• No se deben fragmentar los recursos de la salud.
• Deben estar listos los sistemas de información al momento de la transición.
• Debe ser explícito y claro quién asume el riesgo financiero en el sector.

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La publicación del costo fiscal de la reforma a la salud fue en respuesta a la bancada del Centro Democrático, que se negaba a avanzar en las discusiones sobre el proyecto de ley sin conocer esa información.

Esa petición llegó a tal punto que Hernán Cadavid, representante de esa colectividad, presentó una acción de tutela en contra del ministro Ricardo Bonilla exigiendo la divulgación del informe fiscal sobre la reforma.

“El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se niega a entregar el concepto de impacto fiscal en la reforma a la salud. Se niega a contestar nuestra solicitud de información. Procedí con acción de tutela a ver si también va a burlarse de la justicia”, expresó el congresista.

En respuesta, el Ministerio de Hacienda dio a conocer su aval fiscal para el proyecto de ley el miércoles 29 de noviembre, revelando que el costo del proyecto ascendería a $929.000 millones de pesos en 2024.

De acuerdo con los cálculos del Ministerio, los gastos del sector salud llegarían a los $91,3 billones sin la reforma. Con la implementación de la reforma, los gastos aumentarían a $92,3 billones. En ambos casos, la cifra representa un poco más del 5,5% del PIB.

Por otro lado, el balance con la implementación de la reforma mostraría un déficit de $3,2 billones, mientras que sin la reforma, el déficit sería de -$2,3 billones. Esto implica que durante los primeros años, el gasto del Estado sería mayor, pero esta situación se revertiría a partir del año 2036.

“Los costos del corto plazo se incrementan, porque vamos a encontrar un mayor diagnóstico, y en ese mayor diagnóstico mayor necesidad de tratamientos, que en el mediano plazo se van a equilibrar, porque teniendo mayor atención primaria y preventiva, en el mediano plazo se reducen los costos de la mediana y alta complejidad. Ese es el texto central del documento, que muestra que aquí está la mayor ventaja de la reforma a la salud. Que hoy, no hacerlo significa seguir esperando un diagnóstico tardío”, indicó el jefe de cartera.

La iniciativa también contempla la articulación del sistema al rededor del aseguramiento social con un enfoque basado en la atención primaria en salud. Con eso, la reforma pasará de $16,5 billones a $17,5 billones.

Para esa atención primaria serán fundamentales los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud), cuya construcción costaría $500.000 millones por año, considerando que en el país hay alrededor de 16.000 sedes de baja complejidad que ya funcionan como los CAPS que propone el Gobierno.

De igual forma, la reforma también establece la creación de becas de matrícula para formación en posgrados de profesionales en salud en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública que serán otorgadas por el Gobierno nacional, como parte de su política de formación y educación superior en salud. Este gasto, según el Ministerio de Hacienda, le significarán al país anualmente $120.000 millones a partir de 2025.

También se busca crear un fondo para la atención de catástrofes y epidemias que tendrá un costo de $50.000 millones por año. De tal manera que, según las cuentas del Ministerio, al cabo de diez años se contaría con una reserva de $500.000 millones, un gasto que se proyecta a partir de 2025.