Seis miembros de la Policía Nacional fueron vinculados a una investigación disciplinaria por las chuzadas realizadas a la exempleadas de Laura Sarabia, cuando era jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro. Los implicados tendrán que responder por las irregularidades identificadas para ordenar la interceptación de los teléfonos celulares de las empeladas de la funcionaria.
Los uniformados que serán vinculados a la investigación son dos mayores de la Dijín John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y los patrulleros Dana Alejandra Canizales Bonilla y Jhon Fredy Morales Cárdenas.
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De acuerdo con la Procuraduría, con material documental falso se buscó sustentar las interceptaciones a los teléfonos celulares de Meza, quien trabajaba como niñera; un amigo de ella y Perea, quien sería la encargada de servicios generales en la casa de Sarabia.
Todo inició luego de un hurto, ocurrido a finales de enero de 2023, en el que la jefa de Gabinete del presidente Petro perdió una maleta con alrededor de 4.000 dólares en dinero en efectivo. Tras ese hecho, los policías señalados por la Procuraduría habrían “realizado, ordenado y/o permitido” las interceptaciones.
Al día siguiente de que se tuvo conocimiento del robo, el 30 de enero de 2023, un miembro del Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencia Organizada GREDO le solicitó al Fiscal 191 de Quibdó que interceptara dos líneas telefónicas. Una de ellas era atribuida a alias “la cocinera” y la otra a alias la “madrina”, quien según el informe de una fuente no formal de información, eran posibles miembros del clan del Golfo y cercanas a alias Siopas.
Sin embargo, las líneas señaladas no eran de las personas descritas, sino de Meza y Perea, a quienes les escucharon sus conversaciones por varios días. Por esta razón el Ministerio Público señala que posiblemente se falsificaron y manipularon expedientes para saltar requisitos legales y chuzar los celulares de las empleadas de Sarabia.
En medio de la investigación se han revisado los documentos expedidos que faltaron a la verdad o el incumplimiento de los protocolos institucionales que se habrían omitido para la recepción y análisis de comunicaciones, por medio de interceptación, amparadas por orden judicial y otras resoluciones que se emitieron desde la Policía Nacional.
“La Procuraduría solicitó a la Policía Nacional, entre otros documentos, las funciones específicas que cumplían los investigados al momento de los hechos, así como los documentos e informes presentados sobre las actividades investigativas, verificaciones y demás actividades relacionadas con sus funciones”, señaló el ente disciplinario.
El intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua también es investigado por la Fiscalía General de la Nación por su posible participación en la alteración de los documentos que habría permitido ordenar, judicialmente, la interceptación de las líneas telefónicas.
El ente acusador le imputó el delito falsedad material en documento público en la pasada audiencia, debido a que según las pruebas recolectadas, habría presionado a un patrullero para “modificar y adicionar” algunos apartes de la entrevista que rindió Marelbys Meza, cuando se desapareció el dinero de la casa de Sarabia.
Según la Fiscalía, con mensajes de texto y de frente, el intendente presionó al subalterno para alterar el documento. Esa entrevista fue incluida posteriormente en el informe de policía judicial que se entregó a la fiscal que autorizó las interceptaciones de Meza y Perea, junto con otros documentos.
En el caso de la entrevista al polígrafo al que fue sometida Meza, el teniente coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la Oficina de Protección Presidencial, solicitó que se evalúe si su caso debe ser llevado por la Justicia Penal Militar, debido a que sostiene que sus actuaciones se habrían hecho en cumplimiento del servicio.
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