Mujer con discapacidad desapareció, su pareja enfrenta cargos de desaparición forzada y podría ser responsable de feminicidio

El hecho ha conmovido a la comunidad debido a la vulnerabilidad de la víctima, quien era sorda y vivía con su pareja en el corregimiento de San Antonio del Prado, en la zona rural de Medellín

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Ni una menos 2023
La comunidad rural de San Antonio del Prado (Medellín) está conmocionada por la historia de una mujer sordomuda que, presuntamente, fue víctima de desaparición forzada por cuenta de quien era su pareja sentimental - crédito imagen de referencia Téleam

Un juez de control de garantías en la capital antioqueña ordenó la detención preventiva de Braihan Marín, de 28 años, quien está siendo acusado de la desaparición forzada de su pareja sentimental, una mujer sorda de 41 años que vivía con él en San Antonio del Prado, cerca de Itagüí, al sur de Medellín.

La última vez que alguien vio a Paola García fue en su vivienda en noviembre de 2022. Desde entonces, su paradero ha sido un misterio.

Una mujer sorda fue víctima de desaparición forzada por quien era su pareja sentimental. Su cuerpo fue encontrado en una zona montañosa de Antioquia - crédito JEP
Una mujer sorda fue víctima de desaparición forzada por quien era su pareja sentimental. Su cuerpo fue encontrado en una zona montañosa de Antioquia - crédito JEP

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Sin embargo, El Espectador conoció que las alertas se encendieron cuando Braihan Marín proporcionó versiones contradictorias de lo ocurrido a sus amigos y vecinos. Esto llevó a la comunidad a reportar la desaparición de la mujer. En respuesta a la situación, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para encontrar el paradero de Paola García.

Luego de ser capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía el 20 de octubre de 2023 en un hotel de Medellín, Marín reveló la ubicación donde, supuestamente, se encontraba enterrado el cuerpo de Paola. Esta correspondía a una zona montañosa de San Antonio del Prado.

Según el estudio llevado a cabo por la Fiscalía 10°, la pareja residía en la localidad de La Manguala, en la comunidad de San Antonio de Prado. La mujer desempeñaba labores como operaria en una fábrica de prendas de vestir; mientras que el hombre, conseguía empleo de forma ocasional en un taller de reparación de motocicletas.

Las versiones proporcionadas por el presunto agresor sobre la desaparición de su esposa

Inicialmente, de acuerdo con información registrada en El Espectador, Marín declaró que Paola había fallecido y que él la había sepultado. En una segunda versión, alegó que ella había sufrido un accidente y se encontraba hospitalizada. Mientras que la última explicación que proporcionó fue que su pareja estaba de viaje en una finca al norte del departamento de Antioquia.

Durante los interrogatorios, se requirió la presencia de un intérprete de señas, ya que Marín presenta limitaciones en el habla.

Sin embargo, los investigadores encontraron indicios que lo señalan como el posible responsable de la desaparición. Testigos afirmaron haber visto a Marín descendiendo de un cerro, cubierto de lodo y cargando una pala.

Además, se observó al acusado deshaciéndose de la ropa y pertenencias de la víctima en la basura. Según informes, varios testigos han corroborado que Marín sometía a la víctima a abuso emocional y la forzaba a mendigar, aprovechándose de su condición, para su propio beneficio.

La mujer debía cargar un cartel en el que se lee, como cita el diario El Tiempo, una consigna para que le den dinero: ”Hola, soy colombiana y tengo un bebé de un año, soy sorda y en este tiempo es muy difícil conseguir trabajo. Necesito de su colaboración para la comida y el arriendo, Dios les pague”.

La campaña "Ni una menos" es una consigna del movimiento feminista argentino que ha llegada a varios países de Latinoamérica - crédito José Jácome / EFE
La campaña "Ni una menos" es una consigna del movimiento feminista argentino que ha llegada a varios países de Latinoamérica - crédito José Jácome / EFE

El presunto cuerpo de Paola García fue exhumado y trasladado a Medicina Legal para su identificación y posterior entrega a su familia.

Ante esta situación, un juez de garantías dictaminó medida de aseguramiento en contra de Marín Parra, mientras que la Fiscalía presentó cargos por el delito de desaparición forzada.

Aunque este caso podría tomar otro rumbo, pues ya encontrado el cuerpo una de las hipótesis es que el presunto agresor también pudo haber incurrido en delito de feminicidio.

Hasta el momento, el acusado no ha admitido su culpabilidad, y la comunidad sigue exigiendo justicia en un caso que ha conmovido a Medellín y sus alrededores.

La violencia contra la mujer en Colombia ha aumentado en los últimos meses

Según cifras del Observatorio Feminicidios Colombia, durante lo corrido del 2023 se han registrado 410 feminicidios en el país. Esta violencia se ha recrudecido recientemente. Los meses en los que más casos se han presentado son julio (52), agosto (52) y septiembre (49).

Mientras que Antioquia es el departamento con más casos de feminicidio registrados (67), seguido de Bogotá (46) y el Valle del Cauca (45). Además, en uno de cada tres casos, el agresor representa un conocido cercano de la víctima.

Casos de feminicidios registrados por departamento entre enero y septiembre de 2023 en Colombia - crédito Observatorio Feminicidios Colombia
Casos de feminicidios registrados por departamento entre enero y septiembre de 2023 en Colombia - crédito Observatorio Feminicidios Colombia

Las investigadoras Tatiana Gélvez y Cindy Rozo, de la Universidad Externado, presentan una preocupante situación frente a la condena de este delito en el país: “solo el 32% de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación por feminicidio han terminado en una sentencia condenatoria, mientras que el 35% sigue en etapa de indagación”.

El feminicidio ha sido definido por ONU Mujeres como un delito motivado por el odio y la dominación que consiste en el asesinato cometido contra una persona por el hecho de ser mujer. En Colombia está tipificado desde el 2015, por la Ley 1761, debido al impactante caso de Rosa Elvira Cely. La pena para los agresores es de entre 20 años a 41 años de cárcel.

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