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Combates entre ELN y clan del Golfo dejaron a 180 personas desplazadas en zona rural de Chocó

Niños, mujeres y adultos mayores hacen parte de las personas que conforman un total de 67 familias obligadas a salir del municipio Medio San Juan, lugar donde habitan

Colprensa (Archivo)
La Defensoría del Pueblo instó a las entidades del orden nacional, departamental y municipal a brindarles atención inmediata e integral a las personas afectadas por el desplazamiento forzado en Chocó - crédito Colprensa
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La Defensoría del Pueblo informó, en la mañana del viernes 20 de octubre de 2023, que un total de 180 personas fueron desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el departamento del Chocó.

De acuerdo con la entidad garante de los derechos humanos, entre las personas desplazadas hay niños, adolescentes, mujeres, adultos y adultos mayores, el equivalente a 67 familias, que se vieron en la obligación de salir del corregimiento conocido como Isla de Cruz, en zona rural del municipio Medio San Juan.

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Los combates en la zona sucedieron entre el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, de la guerrilla del ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o clan del Golfo.

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Las más de 60 familias que habitan en Isla de Cruz tuvieron que desplazarse el pasado 16 de octubre hasta el corregimiento Dipurdú, también jurisdicción de Medio San Juan, en el suroriente del departamento.

“La zona de los hechos está bajo advertencia que emitimos con la Alerta Temprana 020 del 2021 e informe de seguimiento 012 del 2023, razón por la que las autoridades competentes deben actuar con prontitud”, fue la solicitud del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien solicitó a las entidades estatales brindar ayuda humanitaria a los desplazados:

“La institucionalidad nacional, departamental y local debe volcar esfuerzos para que le dé una atención inmediata e integral a la comunidad desplazada, que en este momento es susceptible de vulneración de derechos, especialmente porque hay menores de edad, mujeres y adultos mayores, algunos de ellos requieren atención en salud”.

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La Defensoría recordó a los grupos armados ilegales que bajo ninguna circunstancia tienen que afectar a las comunidades, ni en las cabeceras municipales, ni en las zonas rurales: “El ELN y las AGC deben acatar integralmente el derecho internacional humanitario. La población civil debe estar al margen de las hostilidades”.

Los constantes enfrentamientos a manos de las dos estructuras armadas se deben a la búsqueda de consolidar el control territorial en la zona para robustecer el negocio de sus economías ilícitas, como el tráfico de cocaína y el cobro de extorsiones al comercio.

“Dada la complejidad para ingresar a la zona, este 20 y 21 de octubre, una comisión de la Defensoría viajará hasta Dipurdú para verificar la situación humanitaria que afronta en este momento la comunidad desplazada”, indicó el defensor del Pueblo.

Chocó representa el 79% de los confinamientos en Colombia

Ante el conflicto armado en la frontera Colombia - Venezuela, decenas de familias han sido víctimas de desplazamiento forzado. Foto: Defensoría del Pueblo.
Entre enero y junio de 2023, Chocó se ubicó como el segundo departamento con más desplazamientos, con 12 eventos. El primero fue Nariño, que reportó 20 - crédito Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo confirmó que Chocó es el departamento con más confinamientos entre enero y junio de 2023, ya que registró 70 eventos de los 89 que se cuentan en todo el país; es decir, representa el 79% del total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades.

En la socialización de un informe, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, también reveló que, en el mismo periodo de tiempo, se presentaron 59 desplazamientos masivos en Colombia, los cuales equivalen a 18.755 personas. Chocó es el segundo departamento con más desplazamientos, con 12 eventos. El primero es Nariño, que reportó 20.

El funcionario ya había alertado a las autoridades del orden territorial y nacional para que tomaran acciones preventivas frente a estos actos de violencia.

“Resulta fundamental que las autoridades nacionales, departamentales y municipales tomen las medidas necesarias para defender la institucionalidad del Estado y evitar que los violentos sigan ganando terreno”, dijo Camar Assis, quien también señaló la necesidad de que el Gobierno nacional ponga especial atención en el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.

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