
En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijin de la Policía Nacional y la unidad contra la cibercriminalidad, se logró desarticular una peligrosa red de gota a gota virtual dedicada a la extorsión. Este lunes, 9 de octubre, las autoridades anunciaron la detención de nueve individuos involucrados en esta red delictiva, que habría afectado a más de 1.365 personas.
Las detenciones se llevaron a cabo en un operativo que abarcó varios lugares, aunque las autoridades aún no han divulgado los nombres de los capturados ni los detalles precisos de los sitios donde se realizaron las acciones judiciales.
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Los implicados en esta red enfrentarán una serie de cargos graves, incluyendo concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, lavado de activos y extorsión, entre otros. Estos delitos muestran la magnitud de las actividades ilegales en las que se involucraba la red.
Durante la operación, se logró incautar un título valor por un valor de 1.215 millones de pesos, así como la confiscación de tres vehículos valorados en más de 375 millones de pesos. Además, se tomó la medida de congelar once cuentas bancarias vinculadas a la red criminal.
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Entre tanto, no es la primera vez este año que se capturan a diferentes personas pertenecientes a redes de préstamos gota a gota. De hecho, ha sido una modalidad popularizada en toda Latinoamérica y Centro América.
En agosto de este año las autoridades guatemaltecas lograron la captura de un grupo de ciudadanos colombianos dedicados al negocio del préstamo de dinero. Estos individuos operaban bajo el esquema conocido como “gota a gota”, aterrorizando a la comunidad de un municipio cercano a la capital de Guatemala.
Con esta aprehensión, las estadísticas revelan que ya son más de sesenta connacionales colombianos que han tenido que comparecer ante la justicia de Guatemala por hechos similares. En medio de los operativos en contra de este delito de usura, el Ministerio de Gobierno de Guatemala informó que los acusados estaban exigiendo sumas de dinero significativas a los ciudadanos, quienes se veían obligados a pagar cuotas diarias.
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Agentes de la Comisaría 53 de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo las detenciones el 4 de agosto en diversos sectores de Sanarate, El Progreso. Entre los capturados se encuentran Gustavo Adolfo Arias Quintero, de 28 años; Juan Sebastián Torres Cruz, de 26 años, y Hernán Cardona Arango, de 30 años. Según el reporte policial, estos individuos intentaron sobornar a los policías que realizaron el operativo para evitar ser juzgados.
El Código Penal de Guatemala, en su Artículo 276, establece que comete el delito de usura quien exige de su deudor un interés mayor que el límite máximo establecido por la ley o claramente desproporcionado con la prestación, incluso si los créditos se disfrazan bajo otras denominaciones.
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Durante el operativo, se incautaron diversas pruebas, incluyendo formatos utilizados para el cobro de los préstamos, 945 quetzales (equivalentes a 121 dólares) y cinco teléfonos celulares utilizados para realizar llamadas a los ciudadanos. Además, se retuvieron tres motocicletas utilizadas por los delincuentes.
Varios individuos han sido sorprendidos por la policía mientras intentaban extorsionar a la comunidad. Desde la implementación de este plan estratégico, las fuerzas de seguridad reportan la captura de más de cincuenta presuntos prestamistas colombianos, con la mayoría de estas aprehensiones registradas en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Además, más de 600 personas procedentes de Colombia han sido remitidas a diversas sedes del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
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Esta situación se suma al creciente fenómeno que se ha extendido en varios países de Centroamérica. Hace algunas semanas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció sobre las actividades delictivas de varios colombianos y les dio un ultimátum, lo que resultó en la salida de más de 200 personas de ese país.
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