La discusión sobre la primera línea del metro de Bogotá no termina. Mientras se espera el concepto técnico de los ingenieros para hacer subterránea una parte del trazado, como pretende el Gobierno nacional, la Procuraduría señaló que habría identificado irregularidades en ese contrato.
Luego de las reuniones entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá, se acordó que se contraría un estudio que evalúe la viabilidad de diferentes opciones para hacer la primera línea del metro subterránea. Ese contrato se habría hecho entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
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En la revisión del contrato, la Procuraduría identificó varias irregularidades que, según su alerta, podrían incluir tanto faltas disciplinarias como sobrecostos. De acuerdo con el ente disciplinario, el valor del contrato es de $ 8.375.000.000, una cifra que es hasta seis veces mayor que el presupuesto de otras contrataciones del mismo estilo adelantadas por la entidad.
Otro de los puntos que preocupan a la Procuraduría tiene que ver con la injerencia del Gobierno nacional en proyectos de autoridades territoriales, en este caso la Alcaldía de Bogotá. “La ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no funge ni como contratista ni como contratante”, aseguró el ente disciplinario, por lo que advirtió de una presunta vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales, así como a la voluntad de las partes.
Entre las irregularidades también fue señalado que la ANI presuntamente desconoció el Estatuto de Contratación Pública al escoger a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales, sin realizar una licitación que permitiera pluralidad de oferentes, un concurso de méritos o principios de transparencia.
Con los indicios de irregularidades halladas en la revisión del proceso de contratación y las respuestas de la ANI, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública realizó un informe para que se inicie una investigación disciplinaria que determine si hay hechos que deban ser sancionados y sus respectivos funcionarios responsables.
Aunque la ANI no se ha pronunciado respecto al contrato, sí lo hizo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter. El mandatario señaló a la Procuraduría de impedir que se realice una mejor inversión de recursos públicos.
“La procuraduría no puede impedir que la nación establezca el mejor proceder de los recursos nacionales. Si en los procesos de dialogo con las regiones se habla de transformaciones del transporte público a sistemas eléctricos férreos en virtud de la crisis climática y si buscamos el mejor bienestar de la sociedad”, escribió el jefe de Estado.
La Empresa Metro de Bogotá señaló que respecto a la indagación de la Procuraduría, el contrato no tenía relación con esta entidad ni sus actividades propias, por lo que implican directamente a las instituciones del Gobierno nacional, que fue el que se encargó de contratar los estudios.
En enero de 2023, cuando las discusiones entre el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López en torno al trazado del metro de la capital estaban al rojo vivo, la Procuraduría advirtió de varios riesgos de llegar a modificar el proyecto que ya para entonces había entrado en ejecución.
El Ministerio Público señaló que modificar la obra contratada derivaría en mayores plazos de ejecución, incremento de precios de diseños y construcción, debido a la volatilidad del dólar y recursos que ya se habían invertido. Para entonces, el ente disciplinario ya señalaba que podría incurrirse en detrimento patrimonial y vulneraciones a principios de planeación contractual.
Debido a esa situación, se emprendió una revisión de los conceptos e informes que se adelantarán en torno a la modificación del objeto del contrato de concesión.
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