El representante David Racero presentó un proyecto de ley pare que el 80 por ciento de los funcionarios de la Cancillería sean de carrera

Una de las propuestas de campaña de Petro era que la mayoría de funcionarios de la Cancillería sería de carrera, pero esto no sucedió tras la llegada de Leyva a la cartera

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Presidente de la Cámara de
Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero

El representante David Racero, miembro del Pacto Histórico, ha presentado un proyecto de ley con el propósito de reformar y profesionalizar el servicio exterior colombiano.

La iniciativa busca establecer limitaciones en los cargos de embajador y jefe de misión diplomática, reservándolos exclusivamente para funcionarios de carrera, y evitando así que sean designados por el presidente de la República.

Este proyecto de ley propone la inclusión del mérito como uno de los principios fundamentales del servicio exterior colombiano.

El mérito se materializaría mediante un concurso público para acceder a la carrera diplomática y consular, garantizando que los factores determinantes para el ingreso, la permanencia y el ascenso en esta carrera estén basados en el mérito.

Asimismo, el proyecto introduce restricciones en el nombramiento y remoción de los jefes de misión diplomática. Según la propuesta, únicamente el 20 % del total de representaciones diplomáticas podrían ser designadas por el Presidente de la República, mientras que el porcentaje restante estaría reservado para funcionarios de carrera diplomática y consular.

Esto significa que, para ocupar el cargo de embajador o jefe de misión ante un Gobierno o un organismo internacional, los individuos deberían cumplir con los requisitos mínimos exigidos para ingresar a la carrera diplomática y consular.

Adicionalmente, el proyecto establece que los embajadores y jefes de misión deben cumplir con requisitos equiparables a los de quienes ingresan a la carrera diplomática. Esto tiene como objetivo elevar los estándares de selección y garantizar que los titulares de estos importantes cargos cuenten con la formación y competencias adecuadas.

El representante Racero también señaló la necesidad de reducir los gastos innecesarios en consulados ubicados en ciudades como Miami, Nueva York y Madrid. Este enfoque busca promover una carrera diplomática y consular más profesional y austera.

Cancillería solo ofertaría 15 cupos para la carrera diplomática en 2023

Por medio de sus redes sociales, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) comunicó su preocupación frente al proyecto de resolución para el concurso de ingreso a la carrera diplomática en el país.

La comunicación consta de 20 puntos y el foco de atención se centra en la reducción de cupos para el acceso a la carrera diplomática, la única vía para reducir los nombramientos de carácter político.

Según la información expuesta por esta agremiación sindical, durante diez años consecutivos la Cancillería ofertó entre 20 y 40 cupos, con miras a fortalecer el personal de carrera, pero este año solo se abrirán 15, un número inédito desde 2010.

Actualmente, en la Cancillería hay 615 cargos del escalafón de carrera, pero solo 481 son ocupados por funcionarios formalmente nombrados, el resto de posiciones son desempeñadas por personas en condición de provisionalidad, ajenas al proceso de selección por méritos. Mientras que en la totalidad de la planta:

“6.114 cargos de carrera están ocupados en provisionalidad, por personas ajenas a la carrera, quienes no se han sometido al riguroso concurso de méritos. Esto repercute negativamente en la calidad de la representación de Colombia en el exterior y en la atención a los connacionales”, se comunicó desde Unidiplo.

Desde la asociación gremial también indicaron que esto no incluye los cargos de asesor en Bogotá, sede principal, donde el 99% de los puestos son ocupados por personas ajenas a la carrera diplomática.

Para Unidiplo, la solución a este problema es “garantizando el ingreso anual a la carrera sea nutrido y sostenido”. Por eso no dudaron en calificar este proyecto de resolución como un “retroceso histórico”, que solo puede ser interpretado como protección a la figura de provisionalidad, usada con fines políticos.

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