
Pese a los operativos realizados por las autoridades en diferentes ciudades contra la Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes(ESCNNA), las dimensiones que ha tomado este delito son preocupantes, ya que según datos de la Fiscalía en 2021 y 2022 ingresaron al sistema más de 8.000 procesos por estos delitos y lo corrido del 2023 se registraron más de 2.000.
En respuesta al desalentador panorama del tráfico de menores en el país, en Infobae Colombia hablamos con la senadora Nadia Blel quien radicó una iniciativa que será una herramienta para luchar de manera contundente contra estos delitos, proyecto que ya inició su trámite en el Congreso de la República:
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“Con esta iniciativa lo que buscamos nosotros es sancionar con la máxima pena posible en nuestro ordenamiento jurídico este tipo de conductas, porque la explotación sexual no es un negocio. No es un servicio. No está permitido, eso no es legal, eso es un delito y es la peor forma de esclavitud para nuestros niños. Hoy un niño, y me cuesta decirlo como mamá, lo venden; mientras el negocio de la droga la venden una vez, a un niño lo venden una, dos, tres, cuatro, cinco veces y cuando de pronto ya no le es útil, incluso terminan vendiendo sus órganos. Esto se ha convertido en la segunda actividad delictiva más lucrativa, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo”.
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Según Blel, “esta es una situación que se está presentando no solamente en Cartagena, también se registran casos en diferentes ciudades de nuestro país, en Medellín, Bogotá, incluso en zonas donde hoy en día hay grandes industrias, grandes empresas y está ocurriendo delante de los ojos del mundo entero, hoy en Colombia le están poniendo precio a la vida de nuestros niños, le están poniendo precio a su vida, a sus cuerpos, a su integridad y esto pasa en plenas calles, en plena hora del día cuando ellos deberían estar jugando o en sus salones de clases, recibiendo educación digna y acompañados de sus padres o familiares”.
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Frente a esta situación que pone en riesgo la vida de los menores, la senadora concluyó “desde el Congreso queremos enviarle un mensaje a la sociedad, pero también al mundo entero, de que en Colombia en realidad los niños no están en venta, que los derechos de los niños se deben proteger, que los cuerpos de los niños se tienen que proteger, que las vidas de los niños se tienen que proteger, porque el daño que hoy en día se le están ocasionando a los niños es un daño irreparable, la gente no se imagina la magnitud, el sufrimiento de estos niños y por eso hemos solicitado, además de erradicar esta iniciativa, hemos solicitado al Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la Policía, de la Fiscalía, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las autoridades locales de cada ciudad, que se haga un bloque permanente de lucha contra este delito, porque es que esto está pasando en las calles, delante de los ojos de todo el mundo”.
Un informe revelado el año pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que en Colombia la legislación actual se caracteriza por su “amplitud” en términos de criterio e impide que se apliquen penas “suficientes” a quienes son capturados por pertenecer a redes de explotación sexual de menores.
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La investigación destaca que existe una sanción “no proporcional a la gravedad de Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual se convierte en un “obstáculo en los esfuerzos para combatir” estos crímenes.
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