Fiscalía investigará posible red de tráfico de fuentes humanas en la Sijín para reclamar recompensas

La Fiscalía General de la Nación confirmó el martes 5 de septiembre de 2023 que abrirá una nueva línea de investigación para determinar si dentro de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional en efecto existe una red de tráfico de fuentes humanas, al igual que un mercado ilícito para pagar recompensas ofrecidas por la entidad.

La determinación del ente acusador se desprendió del caso en el que están involucrados cuatro miembros de la institución y un civil por las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza y Fabiola Perea: exempleadas de la ex jefa del Gabinete de la Presidencia y que recientemente fue posesionada como la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

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La fiscal del caso en el que están implicados miembros de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín), como Freddy Alexander Gómez, al igual que una supuesta fuente de información, identificada como Rafael Santos, mecánico de motos en el centro de Bogotá, habría descubierto una poderosa red de corrupción para entregar testimonios falsos.

Así funcionaría la red de testigos ilegales

Según el ente acusador, además de los involucrados, habría un entramado delictivo que buscaría beneficiar a particulares con sus actuaciones, con la repartición de los montos cobrados producto de las recompensas. Lo que levantó las sospechas de la Fiscalía, que ordenó seguirle la pista a tales informaciones.

Es preciso decir que en el caso que involucra a Meza y Perea, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales, quienes fueron imputados de los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones, alteraron un informe policial para un fin en específico.

El mismo era lograr que los números telefónicos de las dos mujeres fueran incluidos a una investigación que se hizo en contra de Wílmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, fallecido cabecilla del Clan del Golfo. Esto, de acuerdo con la Fiscalía, indujo al error a dos miembros de la entidad, en Bogotá y Chocó, para dar autorización a las interceptaciones.

Según la funcionaria del ente acusador, luego de que las personas inmersas en este mediático caso dieron declaraciones por estas “chuzadas”, fueron víctimas de amenazas y seguimientos por otros miembros de la Policía Nacional, quienes al parecer buscaban que no entregaran información relevante sobre el modus operandi de lo que sería esta red criminal.

“A ese nivel hemos llegado: que los mismos miembros del grupo de hurto estén buscando que otros oficiales para que no se sienten ante las autoridades. Recordemos que aquí se ha predicado un desarrollo delictivo en coautoría que esas personas sientan temor por sus vidas”, remarcó la fiscal del proceso.

El caso acerca de las interceptaciones que se practicaron a Meza y Perea, exempleadas de Laura Sarabia, fue conocido por el país luego del anuncio hecho por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Fue entonces cuando se ordenaron investigaciones a los cuatro uniformados que trabajaban en la división, investigación y comunicación de la institución.

“Es un día lamentable para el Estado de derecho, las chuzadas ilegales han retornado a Colombia. No puede admitirse desde ningún punto de vista estas prácticas de violación de los derechos fundamentales sean aceptadas en Colombia. Esto es grave para la democracia”, manifestó Barbosa.