
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, se mostró molesta por la forma en que se comunicó la captura de Manuel Ranoque, padre biológico y adoptivo de los menores Mucutuy rescatados en la selva del Guaviare. Según la funcionaria, no se han respetado los derechos de los niños y las niñas en el proceso judicial por acceso carnal violento.
“Invitamos a la Fiscalía General a cuidar la integridad de niños y niñas al comunicar noticias criminales más aún si los niños son héroes como los hermanos Mucutuy. Entregar detalles de la noticia relacionada con su vida privada era innecesario y puede revictimizarlos”, sostuvo la directora general del Icbf.
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La funcionaria hacía referencia a la información sobre la captura de Ranoque por presuntamente haber abusado sexualmente de su hijastra de 13 años, una de las niñas rescatadas tras más de 40 días perdida junto a sus hermanos en la selva del Guaviare.

Aunque la Fiscalía omitió los nombres, tanto del capturado como de las víctimas, los protagonistas de la historia de sobrevivencia son conocidos públicamente a raíz de los hechos. Sin embargo, lo que molestó a la directora del Icbf es que se divulgaran procedimientos internos de la entidad como el restablecimiento de derechos que no ha concluido.
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El ente acusador reveló que durante la atención médica y psicológica del equipo interdisciplinario del Icbf se detectó el posible abuso sexual del que habría sido víctima la menor. A partir de esa información, se informó a la Fiscalía y a partir de allí se inició la investigación que condujo a la captura de Ranoque.
“El llamado que hace el Icbf, en cabeza de su directora general Astrid Cáceres, se produce a raíz de la noticia emitida por la Fiscalía General que involucra a las niñas y el niño rescatados tras permanecer 40 días perdidos en la selva, donde se publican detalles de su proceso administrativo de restablecimiento de derechos y de su vida privada”, señaló la entidad.
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El Instituto reiteró que todas las autoridades deben garantizar, como lo orden el Código de Infancia y Adolescencia, el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes “mediante la protección contra toda injerencia en su vida privada”, lo que no ocurrió en este caso al dar a conocer la noticia.
Cáceres invitó a la Fiscalía y a todos los organismos judiciales a pedir orientación a la entidad antes de publicar información relacionada con la integridad o la privacidad de menores de edad, con el fin de evitar revictimización o causar mayores daños a los que ya se tienen que enfrentar.
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La captura de Manuel Ranoque

Luego de que los cuatro menores fueran hallados con vida, empezó un pleito familiar para impedir que el padre de dos de ellos y adoptivo de la niña mayor se quedara con la custodia, a raíz de denuncias que lo señalaban de tener tratos violentos y abusivos en contra de ellos.
Finalmente, el 11 de agosto agentes del CTI capturaron a Ranoque en el centro de Bogotá por los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. Según la investigación, habría abusado durante varios años de la menor.
“Lo que está pasando es un poco el tema de la justicia y es lo que debe operar. Los niños siguen en el proceso de restablecimiento de derechos, nosotros no vamos a exponerlos en este momento a ningún otro ejercicio que no sea protegerlos en este momento, su historia y su vida personal es del carácter de ellos, le pertenece a ellos y todo lo que sea las capturas, lo que haga la fiscalía pues corresponde al marco de la ley”, señaló en ese momento la directora del Icbf.
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