Luego de la audiencia de colaboración con la justicia del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, en el que se mencionó la presunta celebración indebida de contratos con la Fundación Conciencia Social (Fucoso) entre los años 2021 y 2022, la Gobernación del Atlántico se refirió frente al tema.
De acuerdo con el ente departamental, fueron dos los convenios de asociación que se celebraron con la entidad en “estricta sujeción a la ley” y se cumplieron todos los principios que rigen la contratación administrativa.
En el documento publicado el domingo 6 de agosto, la Gobernación recordó que su objeto era “aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de Centros de Vida Móviles para la atención a las personas mayores mediante acciones de orientación psicosocial, (en busca de mitigar el efecto de síndromes geriátricos) y promoción de estilos de vida autónomos y productivos”.
Así como lo explicó la entidad, esta necesidad surgió en el Atlántico ante los efectos que tuvo la pandemia en la salud física y mental de los mayores de 65 años en varias poblaciones del departamento
“Esta necesidad surgió en el Atlántico ante los efectos que tuvo la pandemia en la salud física y mental de los mayores de 65 años en varias poblaciones del departamento”, explicó la administración departamental.
Lo anterior llegó tres dias después de que la Fiscalía General de la Nación revelara un nuevo hecho de corrupción en el que Daysuris Vásquez involucrada, así como funcionarios públicos y contratistas del Atlántico.
Los hallazgos fueron revelados por el ente acusador en las audiencias de imputación de cargos en contra de Petro Burgos y mostrarían un presunto interés indebido en un contrato del departamento con la Fundación Conciencia Social relacionado con la atención de adultos mayores para mitigar los síndromes geriátricos.
Entre la evidencia recolectada hay mensajes de WhatsApp, documentos de pdf, audios y registros, que ameritaron que el juez 74 de control de garantías advirtiera la necesidad de compulsar copias para abrir una investigación por separado, algo que el fiscal Mario Burgos aseguró que ya se adelanta en su despacho.
La entidad encontró que la propia Day Vásquez hablaba en agosto de 2021 con el contratista llamado Gustavo De la Ossa, representante de la fundación, para recomendarle a la psicóloga Andrea Fernanda Henríquez Villalba para el proyecto y para pedirle detalles de la propuesta a unas correcciones que se pidieron para ella hacérselos llegar a Raúl Lacouture, un funcionario de la Gobernación.
De la Ossa responde con preocupación debido a que aquellas correcciones implicarían la implementación de más mecanismos de control, lo cual sería problemático para sus intereses. “Si nos ponemos a especificar, tenemos más mecanismos de control. Voy a trabajar en esto a ver qué podemos hacer. Pero lo que me preocupa es eso, hay que hablar con Raúl y decirle, ajá, lo que se quiere. Si establecemos más mecanismos de control dentro de la propuesta, la interventora podrá exigir más y no nos podrá... los objetivos que queremos (....)”, dice el contratista en su chat con Day Vásquez.
Según la Fiscalía, Vásquez se habría comunicado con Lacouture para solucionar ese problema y adicionalmente recomendó a un primo suyo llamado Kesey Samir Cuesta Rocha para trabajar en el proyecto. Adicionalmente, acordó con el contratista los montos que personas cercanas a ella y a Pedro Name ―primo del senador José David Name― iban a percibir por hacer parte del contrato. Entre las personas incluidas estaba la mamá de Vásquez, para quien ella pidió no menos de seis millones de pesos.
El contrato, con una inversión de 400 millones de pesos, se abría distribuido de la siguiente manera: 120 millones de pesos para Day Vásquez y 40 millones para De la Ossa y Pedro Name.
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