Un camino de flores y espinas: así avanza la Paz Total en el primer año de Gobierno

No es cierto que el término Paz Total haya sido un invento de la prensa, como lo afirmó el presidente Gustavo Petro durante su primer año de Gobierno para bautizar a su política de pacificación nacional. De hecho, esta iniciativa aparece con ese nombre en el Plan Nacional de Desarrollo y es uno de sus ejes transversales y es entendida “como una apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera”.

En reiteradas ocasiones se ha hablado de esta política como ambiciosa, pues la primera intención de la actual administración es buscar la salida al conflicto con todos los actores armados a través del diálogo y el sometimiento a la justicia. Para ello creó una serie de normativas y mecanismos que así lo permiten, y a pesar de los logros, como los avances en las conversaciones con el ELN, esa Paz Total se ve parcial debido a diversos traspiés conocidos por todo el país y que ponen en duda la eficacia de su gestión para lo que queda de mandato.

Para entender a fondo lo que empezó a buscar Petro desde antes del 7 de agosto de 2022 con la política de paz (un día después del triunfo en la segunda vuelta, el ELN manifestó su intención de reanudar las negociaciones) hay que remitirse a su plan de Gobierno. Este detalla que “busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza”.

Además, el Gobierno sustentó esta política mediante la Ley 2272 de 2022, que no solo la afianzó, sino que también estableció la política de seguridad humana de la administración actual como otro eslabón de la cadena de paz planteada por el mismo Petro. Pero para ver materializados esos mecanismos hay que llegar a acuerdos, y en esto ha tenido altibajos tanto en los espacios de diálogo como en los territorios.

Los acercamientos del Gobierno con las estructuras ilegales durante este primer año pueden clasificarse en tres momentos: la reanudación del proceso de paz y acuerdos alcanzados con el ELN, los acercamientos con disidencias caracterizadas como organizaciones de origen político pese a traicionar el Acuerdo Final de Paz de 2016, y la instalación de mesas sociojurídicas para el desmantelamiento de grupos criminales locales.

Para Francisco Daza, analista de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), este año en materia de paz se resume en “una montaña rusa, porque, por un lado, se identifican unas luces en este proceso, muy ligadas a los avances en materia de negociación en la mesa con el ELN”. Sin embargo, explicó a Infobae Colombia que hay “lunares” representados en el aumento de la violencia en varias zonas del país.

En esa línea, el exviceministro de Justicia del gobierno Santos, Miguel Samper, se refirió a “incongruencias” del Ejecutivo en el direccionamiento de la política de paz y la caracterización de los grupos armados más allá de la contemplada en la Ley 2272.

“Ahí tiene que ser, como dirían las abuelas, cada niño con su boleta. El tratamiento que se le debe dar a un grupo de origen político y que tiene el suficiente control territorial y nivel de belicosidad para ser considerado como una parte del conflicto armado, debe ser de justicia transicional. Pero no es el mismo tratamiento que se le tiene que dar a un grupo de naturaleza enimentemente criminal y que no tiene el nivel de control territorial para ser considerado al margen de la ley. A ellos hay que darles un tratamiento de sometimiento a la justicia”, explicó el experto a Infobae Colombia.

Diálogos con el ELN: entre los avances de la mesa y la violencia en los territorios

Si hay algo de lo que Petro en su primer año puede sacar pecho es de la forma en que continúan las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. En tres ciclos, las partes negociadoras lograron acuerdos sobre entregas de alivios humanitarios, la creación del Comité Nacional de Participación para el involucramiento de actores civiles en los diálogos y el cese al fuego bilateral, que inició el jueves 3 de agosto con un alcance nacional de seis meses.

En la mesa todo ha sido ganancia pese a los avisos de “crisis” de comienzos de año propiciados por el mismo Petro, con las que fueron catalogadas como decisiones unilaterales desde la delegación del ELN; sin embargo, en los territorios el panorama es más complejo. Las semanas previas al cese, incluso durante la fase de alistamiento, se conocieron afectaciones de esta guerrilla en varias zonas del país.

El paro armado en Chocó (levantado el 13 de julio) y secuestros como el de la suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos en Arauca pusieron en duda si el cese bilateral sí será acatado durante el tiempo acordado por las partes. En el acuerdo alcanzado de cese al fuego se ratificó que los secuestros son violaciones al derecho internacional humanitario y por ello, quedan expresamente prohibidos, especialmente en los seis meses de pausa de acciones armadas.

“Esperamos que el cese, que es inédito, brinde buenos frutos, porque esto también es producto del primer año en materia de Paz Total con ese grupo”, explicó el analista a este medio.

Disidencias: la verdadera prueba de fuego

Pese a estar conformadas por excombatientes de las Farc que no se acogieron al Acuerdo Final de 2016, el Gobierno nacional otorgó reconocimiento político a grupos residuales como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC). Con ambas, la administración Petro hizo acercamientos en el primer año de mandato y se instauraron mecanismos de cese al fuego que sí fueron cumplidos por la estructura al mando de Iván Márquez, caso contrario a la comandada por Iván Mordisco debido a constantes ataques a civiles y la fuerza pública.

En una nueva fase de negociaciones, el Gobierno y el EMC anunciaron la instalación de una mesa para iniciar conversaciones de paz; pero como no hay un cese de hostilidades establecido, los enfrentamientos con la fuerza pública y civiles continúan. Uno de los hechos más recientes fue el asesinato de una menor de cuatro años en La Plata (Huila).

“No es la prioridad cesar la lucha entre Estado y la organización ilegal, la prioridad es que la organización respete los derechos integrales de la población”, dijo el presidente en un consejo de seguridad adelantado en ese municipio días después de este crimen. Para Daza, los acercamientos con esta estructura residual se volvieron más complejos por hechos violentos en el primer año; pero pese a esto ya hay intenciones serias (al menos del lado del Gobierno) en avanzar con los diálogos.

“El camino con este grupo ha sido más pedregoso porque se levantó un cese que estaba dispuesto con ellos, luego se volvió a esta senda de la paz o al menos a la negociación y ya hay claridades sobre la delegación del Gobierno y el Estado Mayor”, sostuvo el analista. En ese sentido, Samper indicó a este medio que las conversaciones con el EMC deben mantenerse.

“Las conversaciones hay que sostenerlas. Lo peor que uno puede hacer es cortar cables de comunicación con los enemigos porque eso implica que uno nunca va a llegar a la solución de los problemas y yo estoy de acuerdo con que se mantengan las conversaciones”; sin embargo, dijo que no puede haber el mismo trato que a las extintas Farc en el Acuerdo Final de Paz.

“El tono no debe ser como en un sentido de volver a rehabilitar una materia que ya perdió y que trató de habilitar en el colegio. Me explico: las disidencias de las Farc se les dio una oportunidad de sentarse en una mesa de negociación; se les dio la posibilidad de acceder a ciertos mecanismos de la justicia transicional que se acordó con ellos y desaprovecharon esa oportunidad al darle un portazo al proceso de paz”. En esa medida, aseguró que el Gobierno le está entregando a estos grupos unos incentivos “absolutamente perversos”, generando como primera consecuencia el escalamiento de la violencia en varias zonas del país.

Mesas sociojurídicas: la apuesta a la paz urbana

Tres espacios de conversación de este tipo fueron instalados en Medellín, Quibdó y Buenaventura (Valle del Cauca). En estas ciudades el control de grupos criminales de carácter local sobre las rentas ilegales puso en alerta al Ejecutivo, que decidió desplegar la política de Paz Total hasta esas zonas. El primer objetivo es lograr el desmantelamiento de esos grupos conformados en su mayoría por jóvenes, pero el Gobierno no cuenta con el piso jurídico sólido para avanzar en esto.

Al menos en Buenaventura, dentro de las primeras peticiones de Shottas y Espartanos están los beneficios que buscan a nivel judicial, como penas mínimas de cárcel, quedarse con parte de los bienes adquiridos con dineros ilícitos e inversión social para sus comunidades. Esto se materializa directamente con la aprobación de la ley de sometimiento, pero en la primera legislatura se cayó el proyecto y se espera que sea presentado uno nuevo durante el nuevo año de Gobierno.

Un tema que está ‘en veremos’ son los acercamientos con el Clan del Golfo para su desmantelamiento por la vía del sometimiento. Al respecto, Daza coincidió con que tampoco hay una base jurídica, lo cual representa una alerta debido a su extensa capacidad militar.

“Ellos son el grupo más grande en el país, entonces es importante que también ese tema se reencauce de alguna forma”, y si bien el Gobierno dijo que con esa estructura no habrá un proceso de paz, hay que ver la forma en que la fuerza pública seguirá actuando en materia de capturas e incautaciones.