Como una medida para reafirmar la obligación que tienen los equipos profesionales de fútbol en Colombia con respecto a los vetos de los jugadores, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la resolución 50188. En el documento, la entidad, que vela por los derechos de los clientes de las empresas del país, aceptó el esquema de garantías que ofrecieron desde la División Mayor del Fútbol Colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol con respecto a esta problemática.
A raíz de ello, la Dimayor hizo énfasis en que algunos de los equipos profesionales del balompié nacional pudieron haber vulnerado los derechos deportivos de futbolistas en medio de transferencias. Puntualmente, las instituciones involucradas habrían incurrido en infracciones del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, razón por la cual, desde la Superintendencia, investigarán 16 clubes del fútbol colombiano.
Con respecto a la problemática, el representante de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos Puche, señaló que el reglamento establecido por la Federación Colombiana de Fútbol, así como algunas prácticas que llevan a cabo algunos equipos del balompié profesional, atentan contra los derechos fundamentales de los futbolistas.
Para el vocero de Acolfutpro, el esquema de garantías que presentó la Dimayor, además de los compromisos que se pactaron anteriormente, no cumplen las condiciones de “procedibilidad” establecidas en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. De hecho, Puche indicó que los puntos presentados en el documento ofrecido por la División Mayor del Fútbol Colombiano, que deberían cumplir con la doctrina establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no abarcan los incentivos suficientes para que la conducta por la cual los clubes están siendo investigados se vuelva a materializar más adelante.
De esta manera, según quedó establecido en la resolución de la Superintendencia, no existiría una mejora en el bienestar del consumidor final, así como no se registraría la optimización de la participación de los clubes y jugadores en medio del mercado de transferencias. Frente a ello, Puche denunció que a los clubes profesionales poco les importa infringir las leyes debido a que no hay una autoridad al frente.
El vocero de Acolfutpro hizo énfasis en que el objetivo de la medida es que los futbolistas puedan exigir sus derechos deportivos sin tener que afrontar ninguna restricción ante las autoridades competentes. La determinación también se expide para que los deportistas no sean objeto de sanciones por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano o de la Federación Colombiana de Fútbol, situación que se registra, indicó Puche, por las listas negras.
Las listas negras, señalaron desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, era un procedimiento en el cual los clubes y la Dimayor pactaban no contratar a un futbolista determinado. Esto teniendo en cuenta que el deportista habría terminado su contrato por justa causa o porque no habría querido renovar el vínculo.
Esta situación habría sido llevada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que puso la lupa sobre este tipo de casos que empañan al fútbol colombiano.
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