El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina acumula 26 investigaciones en su contra

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, nuevamente está en el ojo del huracán, esto por cuenta de una nueva investigación que le hizo la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en la Feria de Cali Virtual de 2020.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el mandatario caleño deba enfrentarse los entes de control como la Fiscalía y la Procuraduría, ya que a su espalda carga con 26 procesos que lo ponen contra las cuerdas, restándole aún algo más de cinco meses para entregar su cargo.

En cuanto al pliego de cargos de la Procuraduría, el Ministerio Público reveló que el burgomaestre actuó irregularmente, porque debía haber realizado una serie de estudios previos que permitieran calcular los precios con los que se efectuaría el evento, el cual terminó costando $11.955 millones.

Pero esto, “en este caso, no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”, manifestó la Procuraduría. Esto quiere decir, que fueron usados como base los valores de las tres ediciones anteriores (2017, 2018 y 2019), que fueron presenciales, para definir el presupuesto de la feria virtual.

Ante eso el ente de control la catalogó como “falta grave a título de culpa gravísima” la conducta de Ospina.

Así mismo, los casi cuatro años en la alcaldía le han representado a Jorge Iván Ospina al menos 21 procesos, 15 en la Procuraduría y seis en la Fiscalía.

Uno de los casos más relevantes fue el convenio firmado con la Imprenta Departamental (Impretics) en 2020, por un valor de $5.316 millones, en el que se buscaba la compra, instalación y mantenimiento de 179 cámaras de videovigilancia en toda la ciudad.

Entre tanto, también enfrenta tres investigaciones más que están en manos de la Fiscalía y que fueron presentadas por el abogado Élmer Montaña. La primera por presunta corrupción en la ejecución del contrato de alumbrado navideño.

“Denuncié el alumbrado navideño porque el alcalde fue quien firmó el convenio con Emcali y lo hizo sabiendo que esa empresa no prestaba ese servicio y que lo que ha hecho siempre es tercerizar”, explicó el abogado demandante.

Las otras dos son por un convenio interadministrativo con Emcali y por haber favorecido a un primo del alcalde Ospina, quien es uno de los mayores contratistas del municipio. “Ese caso del primo lo debería tener en este momento ya con una medida de aseguramiento”, manifestó el abogado.

La Contraloría aunque no indicó que hayan registros de procesos en contra del mandatario, sí comentó que existen un total de 38 indagaciones en contra de su Alcaldía y contra la empresa Emcali, por un acumulado cercano a los $700.000 millones.

Los hechos por los cuales el órgano de control tiene en la lupa al alcalde son los contratos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una vez más, contratos del alumbrado y proyectos de obras públicas, algunos con valores superiores a los $12.000 millones que podrían estar reunidos en un solo proceso.

Este año se dieron inicio a otras investigaciones que no están directamente vinculadas con hechos de corrupción, sino por una presunta omisión de sus funciones por no luchar de manera frontal y efectiva el hacinamiento en las cárceles de la ciudad, el cual supera el 400 %.

De la misma manera, existe otra por una presunta participación política de Ospina en plenas elecciones presidenciales de Colombia en 2022, ya que al parecer mostró su favorabilidad hacia el actual presidente, Gustavo Petro.

Al alcalde Ospina también se le investigó por primera vez entre los años 2008 y 2011, en los que fue altamente cuestionado por el cobro de impuestos de valorización para 21 megaobras, de las cuales muchas quedaron inconclusas o nunca se empezaron a ejecutar.

En cuanto a las investigaciones que fueron abiertas hace bastante tiempo y que hoy en día se mantienen, casi 12 años después de abandonar el cargo en 2011, se pueden mencionar, cuatro que están en manos de la Fiscalía.

Una de ellas es el caso por los convenios interadministrativos que fueron firmados con el fin de remodelar el estadio Pascual Guerrero para ser sede de la Copa Mundial de la Fifa Sub-20. Los entes de control señalan que estas obras tenían un valor inicial de $30.000 millones, pero los por arte de magia terminaron siendo más de $110.000 millones que los caleños terminaron pagando.

Se puede decir que las investigaciones de la Fiscalía son por los delitos de prevaricato por acción o por firmar contratos sin el cumplimientos de requisitos legales.