El 29 de octubre del año en curso se desarrollará una de las jornadas de elecciones más importantes en Colombia. Para ese día quedó pactada la cita para que ciudadanos se acerquen a las urnas para escoger a sus nuevos gobernadores, diputados, concejales y ediles.
El 29 de junio, teniendo en cuenta ese contexto, inician, a su vez, las inscripciones de aspirantes para esos cargos. El proceso irá hasta el 29 de julio. Se estima la participación de más de 130.000 personas.
Según el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, habrá destinados 12.918 puestos de votación, 5607 urbanos y 7311 rurales. Además, habrá 120.000 metas de votación.
“Se calcula que habrá 130 000 aspirantes a gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y Juntas Administradoras. Las inscripciones se podrán efectuar de forma presencial o a través de la plataforma digital dispuesta por la Registraduría Nacional”, precisó.
Según dijo, están “dadas todas las garantías desde la Registraduría Nacional para este certamen democrático”. De acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral, durante las elecciones regionales del año 2019, hubo 116.430 candidatos inscritos.
“Los candidatos que van por partidos políticos simplemente deben presentar los avales y los requisitos específicos que exige la organización electoral para formalizar la inscripción, mientras que los grupos significativos de ciudadanos, aquellos candidatos que se inscriben por firmas, además de las firmas correspondientes deben arrimar una póliza de seriedad de la candidatura (…) esto documentos, junto con el programa de Gobierno, para los alcaldes y para los gobernadores, se llevan a la Registraduría respectiva y también hay la posibilidad de inscribirse a través de plataforma”, dijo el exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, en una charla con Caracol Radio.
En horas recientes, Rocha anunció, además, la firma de un convenio para la vigilancia y prevención de ingreso de dineros ilícitos a las campañas electorales. Aquel acuerdo se hizo entre la Registraduría Nacional y el director general de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), Luis Eduardo Llinás Chica.
El convenio, detalla la página web de la Registraduría, es interadministrativo y tiene como finalidad “blindar las elecciones territoriales que se realizarán el 29 de octubre de 2023, sobre la filtración de dinero ilícito en la financiación de campañas políticas”.
“Vamos a compartir nuestras bases de datos con fines investigativos para evitar que dineros ilícitos intervengan en las campañas, también se busca impedir que familiares de candidatos sean usados para operaciones ilegales. Voto libre y transparente sobre todo en regiones que están incluidas en el mapa de riesgo electoral”, señaló Alexander Vega Rocha.
Según Luis Eduardo Llinás, la Unidad viene “trabajando de la mano con todas las autoridades de la Comunidad de Inteligencia y de la Registraduría Nacional para monitorear, prevenir y detectar el financiamiento de campañas políticas con dineros de origen ilícito”, lo que permitiría proteger los comicios. Esto, a su vez, permite que la ciudadanía pueda votar ‘con la mayor tranquilidad’.
“La tecnología de la Registraduría Nacional, con apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, será clave para revisar todo tipo de alarma frente a la posible financiación ilícita, que tendrá además de sanciones administrativas, investigaciones de tipo penal con procesos ante la Fiscalía General de la Nación (...) La entidad permitirá a la UIAF, a través de mesas técnicas de trabajo presenciales, el acceso a información para fortalecer los mecanismos que coadyuven en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo”, explica el ente de control liderado por Rocha.
Durante la firma del convenio, el registrador nacional explicó que la entidad pondrá a disposición de aquel fin de protección de las elecciones “toda la tecnología y las bases de datos de los colombianos para la detección del ingreso de dinero del narcotráfico y grupos armados al margen de la ley, en campañas políticas durante el proceso electoral, con el propósito de evitar eventos de corrupción”.
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