En la administración de Diego Molano como ministro de Defensa se cometieron varios ‘falsos positivos judiciales’ para mostrar resultados

El martes 4 de enero de 2022, el entonces presidente Iván Duque anunció el ‘Plan 1.000 contra el microtráfico’ que tenía como primer objetivo el debilitamiento de estructuras dedicadas al tráfico de drogas a partir de la demolición de expendios que funcionaban en viviendas de diferentes ciudades del país.

En marzo del mismo año, el ministro de Defensa Diego Molano dio a conocer la demolición de una casa en Pereira que según investigaciones funcionaba como ‘olla’ expendedora; sin embargo, esto se trató de un montaje, pues en realidad aquella residencia pertenecía a una mujer de 93 años de acuerdo con un informe hecho por Noticias Uno.

A raíz de aquella denuncia, el juzgado 167 de instrucción militar abrió investigación y, tras recoger elementos de prueba, emitió órdenes de captura contra seis integrantes de la Policía: los mayores Wilmer Delgado Herrera y César Alfonso Bohórquez; el capitán Héctor Botero Sánchez; el teniente Jarrixon Peralta Sánchez y el coronel Carlos Andrés García Suárez, jefe de investigación judicial de la Dijín.

Sumado a eso, en un recurso de nulidad ante la apelación presentada por los policías, la instancia militar ratificó que ese ‘falso positivo’ judicial sí se realizó dentro del ‘Plan 1000’ anunciado por el expresidente Duque y liderado por el entonces ministro Molano. Asimismo, calificó esa conducta como sistemática y “frecuente”, pues varios de los detenidos ya habrían participado de más montajes en otras ciudades del país.

La providencia estableció que Jarrixon Peralta también estuvo involucrado en dos operativos adelantados en Bucaramanga y Barranquilla, adelantados el 4 de marzo y 12 de enero de 2022, respectivamente. En ambos también participó el mayor Bohórquez; pero en el actuado en la capital de Atlántico intercedió el coronel García.

En ese orden, los tres hechos hicieron parte de una conducta sistemática y dolosa en la cual también participaron supuestos consumidores de droga que aparecieron en los videos de los operativos procedidos por las autoridades.

Sobre esto, el juzgado también indicó que esta práctica liderada por el mayor César Bohórquez, jefe de comunicaciones de esa dirección de la Policía, indujo al error “mediante actos engañosos que desdibujaron la realidad siendo el responsable de dar el visto bueno de los videos” según el fallo también conocido por el medio citado.

Los uniformados también falsificaron informes para sustentar los operativos efectuados y así darle validez al montaje que “serviría finalmente para presentar un resultado operacional exitoso”.

De otro lado, los declarantes fueron amenazados en reiteradas ocasiones, pues también funcionaron como testigos de aquellos ‘falsos positivos’ judiciales a lo cual los han querido señalar como responsables de los delitos por los que, supuestamente, fueron demolidas las viviendas en Pereira, Bucaramanga y Barranquilla.

El 5 de agosto de 2022, dos días antes de la posesión de Gustavo Petro como presidente, el ahora exministro Diego Molano cerró el ‘Plan 1.000’ y entregó los resultados generales. Señaló en ese entonces que una de las dinámicas de los grupos de microtráfico consiste en poner a funcionar los expendios de droga en colegios y fortalecer sus redes de distribución en redes sociales y aplicaciones como Telegram y WhatsApp.

“En este año 788 perfiles se identificaron en el ciberespacio, 233 de esas cuentas fueron inhabilitadas por administradores de redes sociales y en las últimas semanas se realizaron operativos que lograron la desarticulación de cuatro estructuras criminales asociadas a la comercialización de esa droga y de ese microtráfico a través de internet”, resaltó Molano Aponte. De paso, también destacó el papel de la Fiscalía General en cabeza de Francisco Barbosa para llevar a cabo esos operativos dentro de los que se incluyeron los montajes judiciales.