
Uno de los asuntos más controversiales en el país durante la última semana es el Informe de Reservas y Recursos Contingentes de Hidrocarburos que reveló el 24 de mayo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual servirá como insumo para saber si el Gobierno nacional firmará o no nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.
En este se reveló que el país tiene reservas de petróleo y gas para 7,5 y 7,2 años, respectivamente, lo que quiere decir que hubo un decrecimiento al respecto, ya que en el 2021 se tenías reservas para 8 años.
Mientras se espera una decisión del Gobierno, muchos actores del sector mostraron inconformidad con los resultados, ya que aseguran que no se puede parar la exploración y explotación de estos hidrocarburos para cumplir con la transición energética que se propone e, incluso, depender de la importación de gas.
Al respecto, Infobae Colombia habló con el profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana Juan Nicolás Garzón, experto en dicho asunto.
Entre otras cosas, aseguró que lo que se esperaría de un Gobierno que tiene como una de sus banderas fundamentales la transición energética es un plan debidamente estructurado, un plan claro, un norte y consistencia en el mensaje, pero preciso, eso es lo que no pasa.
Según él, el Gobierno puede decir que es consistente en la mención recurrente a los contratos, pero, incluso, dentro del propio Gobierno hay voces contradictorias al respecto.
Sobre esto, dijo que no solo tiene que ver con la consistencia que tiene el Gobierno con respecto a los contratos, sino a la capacidad que tiene este de formular un plan estructurado, que dé luces muy claras sobre cómo se adelantará el proceso, sobre cómo se financiará el proceso de transición energética y eso es algo que, en este punto, para un Gobierno que considera que esto es tan importante, no está para nada claro.
¿Qué concluye del informe de reservas de petróleo y gas?
Se pueden extraer varias conclusiones a cerca del informe, pero destaco dos. La primera es que este informe no representa en sí mismo una noticia muy alentadora para lo que es un aspecto fundamental hacia futuro, que es la seguridad energética del país.
La segunda es que es un informe que tampoco contribuye o no se articula muy bien con la propuesta del Gobierno en materia de transición energética en la medida en que, aunque el Gobierno planteó desde el inicio este asunto de la transición energética como una prioridad, el hecho de que se hable de unas reservas disminuidas o que vienen reducidas a comparación con lo que pasó en los últimos años, pues no parece contribuir de manera significativa a que este proceso de transición se dé.
¿Le preocupa que solo haya de estas solo para los próximos siete años teniendo en cuenta de que se habla de una posible crisis energética?
Sí. Genera varias preocupaciones. Aquí se reúnen varios interrogantes sobre la seguridad energética del país, además de la independencia energética.
El hecho de que en un contexto en el que Gobierno necesita mantener solvencia fiscal y mantener sostenibles las finanzas públicas, una reducción de los ingresos que reporta la explotación de hidrocarburos, de petróleo y gas en este caso, puede afectar esas finanzas públicas en un contexto en el que sabemos que debe ser prioridad en la política económica del Gobierno.
Preocupa por lo que tiene que ver con la transición energética en la medida que los recursos que se obtienen en esta materia deberían ser enfocados y pensados en el gas y en el petróleo, también como una fuente de recursos importantes en la medida que se avance en transición energética y que puedan financiar esta transición energética.
También el hecho de que el petróleo y el gas son fundamentales. En lo particular, el gas puede preocupar desde el punto de precios y desde el punto de vista social, desde el punto de vista del precio de los hogares, pues es un servicio que los hogares, en general, demandan para la cocción de los alimentos. Es una fuente básica de energía barata en la medida en que hay una restricción en su disponibilidad, pues habrá un efecto en la inflación y la inflación tendrá un efecto más grave sobre los pobres.
Eso también podría afectar los indicadores sociales, no solamente los indicadores inflacionarios. Todos estos factores hacen que esta noticia no sea muy alentadora en varios frentes para el Gobierno y para el país.
¿Se equivoca el Gobierno al pensar en no firmar nuevos contratos? ¿Debe seguir haciéndolo?
En general, en principio, hay un consenso entre los expertos, entre los actores involucrados en materia energética en torno a la idea de que el anuncio del Gobierno es del todo claro, porque se dice que, principalmente desde la ministra de Minas, se suspenden los contratos, que no habrá nuevos y que es una decisión tomada, pero hay que decir que desde diferentes frentes es dentro del propio Gobierno hay mensajes encontrados.
Pero también hay un consenso alrededor de que parece, en principio, que esa idea propuesta por el Gobierno resulta inconveniente en la coyuntura actual. Es inconveniente y, además, no es muy claro cómo se adelantará ese proceso de transición energética, ni cuáles son esos grandes vectores del desarrollo de esas acciones.

Pasaron varios meses desde que el Gobierno anunció que se hará, pero todavía se genera una cantidad de incógnitas alrededor de cómo ese proceso de suspensión de nuevos contratos se adelantará y eso cómo se articulará en un proceso más ambicioso de transición energética.
Existe una gran cantidad de incógnitas. Eso genera gran cantidad de incertidumbre y todavía desconocemos la propuesta estructural del Gobierno en esta materia.
¿Se equivoca el Gobierno al pensar en importar gas de Venezuela?
No estoy seguro de que todavía esté sobre la mesa el tema de Venezuela. Reconozco que hay voces, incluso de actores del Gobierno, que hablan desde hace un tiempo sobre esa posibilidad, pero veo muy inconveniente la posibilidad de que nuestra independencia energética termine en manos de un segundo país, de un vecino.
No existen muchas razones para pensar que eso, en definitiva, es conveniente, además, porque aunque Venezuela es un país con gran potencial en materia energética, y es bien conocido esto, se debe reconocer que la capacidad productiva está altísimamente diezmada y no tienen ningún sentido, ni ningún propósito entrar a depender de la capacidad productiva de Venezuela en un contexto donde la demanda crece y donde necesitamos avanzar de manera decidida hacia la seguridad en materia energética, lo que está claro.
¿No firmar nuevos contratos es golpear la actividad de Ecopetrol?
Si golpea a Ecopetrol. Sobre lo que también hay cierto consenso es que en definitiva la exploración de petróleo y gas en este momento puede ser también el eje fundamental, no solamente, de la estabilidad fiscal, sino un eje fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el desarrollo de nuevas políticas que contribuyan al cambio de esa transición energética, es decir, no se puede pensar que por un lado va el petróleo y el gas y por otro lado va la transición energética cuando son esenciales que se articulen.
En la medida en que los recursos permitan avanzar en la transformación de Ecopetrol también, y en el desarrollo de energías renovables, eso se puede hacer siempre y cuando existan recursos que impulsen ese proceso y, precisamente, pueden provenir de los hidrocarburos.
¿No firmar nuevos contratos generaría crisis en las inversiones en el país?
Sí puede generar efectos sobre la inversión en el país, teniendo en cuenta, en especial, que, en el rubro de inversión extranjera directa, una parte bastante importante y significativa de la inversión extranjera directa que llega al país, es decir la instalación de nuevas industrias que adquieran equipos, que contraten personas, que generen inversiones de más largo plazo, se concentra en el sector energético y eso puede afectar a ese rubro de la economía.
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